El dictamen de expulsión se basó en la mera noticia de la autoridad policial, antecedente insuficiente para fundar la decisión de expulsión.
En atención a la naturaleza del delito se puede estimar que hay un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que la medida se encuentra debidamente motivada.
Las medidas no distinguen entre sanos y enfermos, dañan gravemente la integridad psíquica de las personas y aumentan la cesantía, alegan los recurrentes.
La autoridad sanitaria está facultada para dichas restricciones según los artículos 36 y 57 del Código Sanitario.
El recurrente tendría una causa vigente por el delito consumado de estafa en la comuna de Ñuñoa.
El recurrente señaló que las autoridades no se preocupan de cuidar a la ciudadanía, sino de encauzar recursos a que la gente guarde estricta cuarentena.
Se rechazó abonar al cumplimiento de la pena que actualmente sirve al tiempo que permaneció privado de libertad en causa diversa.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal de la recurrida al mantener engrillado al amparado mientras permaneció conectado a ventilación mecánica en el centro asistencial, ordenándole que, en lo sucesivo, evite todo trato cruel, inhumano y degradante.
La amparada tiene además un vínculo con un ciudadano chileno, con el cuál va a contraer matrimonio próximamente.
Es excesivo disponer de una medida cautelar personal privativa de libertad, en circunstancias que no aparece como imprescindible ni urgente.
