Los procedimientos para otorgar visas de responsabilidad democrática se habrían cerrado por haber superado el plazo, como consecuencia a la emergencia sanitaria.

El hecho denunciado podría constituir una eventual amenaza de la libertad ambulatoria de los menores.

El Ministerio Público está facultado para recalificar los hechos y las consideraciones modificatorias de la acusación al determinar que procede solicitar la aplicación de un procedimiento abreviado.

El máximo Tribunal consideró que yerran los jueces recurridos al no abonar el tiempo que permaneció el amparado privado de libertad en un proceso previo, a la condena que actualmente está purgando.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la autoridad recurrida, al no renovar los visados autorizados antes del inicio de la pandemia de covid-19 y que vencieron durante el periodo de cierre de fronteras por la emergencia sanitaria.

La orden de detención se decretó en conformidad al artículo 127 del Código Procesal Penal.

Consta en los informes psicosociales que el amparado mantiene patrones conductuales desafiantes hacia la autoridad que no lo habilitan a postular a un régimen de libertad asistida especial.

Los recurridos justificaron la situación que diferencia al amparado de los demás imputados en la causa respecto de quienes no existen antecedentes suficientes que justifiquen la prisión preventiva.

El amparado no asistió a la audiencia y no acudió a los servicios presenciales del recurrido para realizar su comparecencia virtual.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal del tribunal de cumplimiento al negar el abono de los días en prisión preventiva que permaneció el recurrente en una causa en la que resultó absuelto.