La sentencia de reemplazo sólo procede si la causal de nulidad no se refiriere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados. Únicamente cuando el fallo hubiere: a) calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, b) aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o c) impuesto una superior a la que legalmente correspondiere.

Negar el acceso a la segunda instancia en sede de un recurso de apelación es contrario al debido proceso y al derecho a tutela judicial efectiva. Contrario al derecho al recurso y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, afirma la requirente.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente vulnera la igualdad ante la ley, al generar diferencias arbitrarias que afectan a los demandados en juicios ejecutivos laborales, al verse impedidos de recurrir a un tribunal superior para revisar las resoluciones. También que la norma favorece injustificadamente a los demandantes al limitar los derechos procesales de defensa de los empleadores o responsables solidarios en casos de subcontratación.

Los nuevos antecedentes que han sido agregados a la carpeta investigativa, particularizados en esta audiencia por el Ministerio Público, corroboran la concurrencia de los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto de los delitos por los cuales ha sido formalizada y reformalizada la imputada.

La requirente indica que el precepto impugnado limita de manera excesiva el derecho de los intervinientes a solicitar la revisión judicial de las decisiones, lo que infringe el derecho a un procedimiento justo y racional, garantizado por el artículo 19 N°3 de la Constitución.

La aplicación del artículo 418 del Código Procesal Penal es incompatible con el artículo 61 inciso segundo de la Constitución. Este último solo permite apelar la resolución que concede el desafuero, excluyendo la posibilidad de recurrir contra su rechazo. La norma cuestionada excede el marco constitucional al introducir un supuesto no previsto. La interpretación restrictiva del desafuero protege garantías parlamentarias y responde a principios político-constitucionales, como la presunción de inocencia y el resguardo de la representación democrática frente a acusaciones infundadas.

Existe una serie de antecedentes que corroboran el actuar doloso del imputado, quien ese día no solo liberó a su escolta, sino que ninguno de los testigos ni el material audiovisual exhibido al tribunal a quo, da cuenta de un estado de intemperancia o de privación de sentido a su respecto, en cuanto mantuvo conversaciones normales con todos ellos y, además, una vez en el hotel y al fallar la llave de su pieza, concurre raudamente a la recepción a solicitar una nueva.

La ingesta excesiva de alcohol que generó una pérdida del autocontrol de la víctima, configurando incluso el olvido de sus especies personales, todas demostrativas del estado de vulnerabilidad en que se encontraba, permite configurar la hipótesis legal del delito de violación, refiere el voto en contra.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso Espinoza, quien desestimó que las declaraciones que dio a medios de comunicación el ministro Vicente Hormazábal Abarzúa, quien estuvo originalmente a cargo de la investigación, afectó la presunción de inocencia de que goza el otrora alto oficial, como cualquier otro acusado.

Su incumplimiento autoriza al órgano jurisdiccional la imposición de sanciones. La medida disciplinaria impuesta es proporcional a la entidad del injusto y la culpabilidad por el tipo infraccional disciplinario. Sostener que no conocía del recurso en cuya audiencia intervenía y que no estaba preparado revela una temeridad y falta de diligencia añadida, que no puede pasarse por alto.