El requirente estima que se vulnera su garantía constitucional al debido proceso.
El recurso de apelación no tiene causales específicas y su único objeto es obtener del tribunal superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior.
La omisión que derivó en el castigo no terminó de cometerse si no hasta el 6 de octubre de 2017, por lo que al momento de la resolución que ordenó la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio no había transcurrido el plazo de prescripción.
La requirente estima que la negación de la posibilidad de apelar en el caso concreto afecta sus garantías de igualad ante la ley y debido proceso.
La actora alegó que la sentencia le causó grave perjuicio por no haber condenado a su oponente al pago de las costas pese a desplegar una conducta ilegítima y a que no tuvo motivos plausibles para litigar.
Adolece de falta de fundamento plausible.
El requirente estima que se vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
La reclamada actuó dentro del ámbito de sus atribuciones al aplicar la sanción y de conformidad a la normativa vigente.
El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, lo que vulnera su garantía al debido proceso.
Se descartaron los vicios invocados en contra de la sentencia dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción colectiva.
