El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt el 13 de abril pasado, que otorgó el beneficio de libertad vigilada intensiva a los condenados.
La recurrida no difundió adecuadamente el período de matriculación.
La recurrida no permitió que la actora congelara el semestre de estudio.
La orden de arresto fue despachada en el año 2006.
El precepto impugnado infringiría el debido proceso, específicamente el derecho al recurso, al impedirse que un tribunal superior revise lo resuelto por el juez de primer grado.
El Tribual de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, que ordenó al Fisco (Ejército) a pagar $150.000.000, a hermanastra del fallecido, quien lo crió, y $50.000.000, al padre.
El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción cautelar deducida y revocó la resolución dictada el jueves 27 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, ordenando el arresto total del teniente coronel, por considerar que dicha medida garantiza en esta etapa procesal, los fines del procedimiento.
En la especie, no se señala si la persona imputada es portador del virus Covid-19, sospechoso de portarlo, sino que se limita a señalar que incumplió con la orden administrativa vinculada al desplazamiento.
La organización sindical debió reponer con apelación subsidiaria en contra de la resolución que declaró inadmisible la acción de protección en contra la Dirección Regional del Trabajo.
Los hechos que se tuvieron por acreditados en relación al envenenamiento del fallecido no resultan subsumibles a la descripción típica del delito de homicidio en ninguna de las formas que contempla el artículo 391 del Código Penal.
