El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, la cual desestimó la demanda de reparación presentada por considerar que la acción se encontraba prescrita, dado que los primeros antecedentes del presunto daño se conocieron en 2014 y la demanda fue presentada el 14 noviembre de 2020.

La negativa a cursar las licencias médicas implicó el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa de parte de la autoridad.

El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le debe.

Si la resolución que ordena el arresto en contra del empleador moroso en el pago de las cotizaciones es inapelable, la resolución que deniega esa medida de apremio debe ser apelable.

El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada por el tribunal de primera instancia, tras considerar que en la especie se pueden cautelar los fines del procedimiento con una medida de menor intensidad a la prisión preventiva.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Pozo, la Ministra Silva y el Ministro Pica, en consideración, primeramente, que el diseño legislativo del sistema de recursos es una opción de política legislativa.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactora del fallo, la Ministra Brahm.

Los reclamantes arguyen que en el fallo impugnado el tribunal establece que los montos gastados en forma ilegal por el alcalde son de poca entidad, que no afectaron al patrimonio de la municipalidad.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Letras de La Serena, y estableció, además, el pago de bono poslaboral por un valor total de $51.489.963.

Más aún si se trataba de una primera transacción a un desconocido. No cumplió con lo mínimo esperable.