La Primera Sala del tribunal de alzada revocó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, que mantuvo en prisión preventiva a los imputados.
En los requerimientos se alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho al recurso, desde que el tribunal ha decidido sin previo debate.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y los principios de seguridad jurídica y de inexcusabilidad, desde que se le impide al tribunal de alzada suspender los efectos de la sentencia definitiva.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de seguridad jurídica, desde que se le impone una condición económica que obstaculiza su ejercicio, puesto que no cuenta en su patrimonio con la disponibilidad financiera inmediata como para desembolsar en un plazo breve sumas tan elevadas.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, ya que no existe fundamento razonable que permita comprender que sólo al Ministerio Público se le entregue la posibilidad de recurrir una vez que se excluya la prueba por infracción de garantías.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica y a un procedimiento racional y justo, ya que impide someter a una segunda revisión la decisión acerca de la incompetencia del tribunal.
La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, que dejó a Santander Faúndez privado de libertad.
Además, no existe regulación especial sobre la materia, por lo que solo cabe concluir que la determinación del tribunal a quo, al conceder el referido arbitrio, no se ajusta a derecho.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de sus derechos, particularmente el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que, la palabra “solo” de la norma impugnada, resulta un obstáculo a la aplicación supletoria de las normas contenidas en los libros I y II del Código de Procedimiento Civil.
Se debe acudir a las normas del Código Procesal Penal, específicamente a su artículo 368, conforme al cual la apelación se concede en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley expresamente señale lo contrario, lo cual no se advierte, refiere el voto en contra.
