El requirente alega que la norma legal objetada infringe la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de seguridad jurídica, desde que se le impone una condición económica que obstaculiza su ejercicio, puesto que no cuenta en su patrimonio con la disponibilidad financiera inmediata como para desembolsar en un plazo breve sumas tan elevadas.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, ya que no existe fundamento razonable que permita comprender que sólo al Ministerio Público se le entregue la posibilidad de recurrir una vez que se excluya la prueba por infracción de garantías.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica y a un procedimiento racional y justo, ya que impide someter a una segunda revisión la decisión acerca de la incompetencia del tribunal.

La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, que dejó a Santander Faúndez privado de libertad.

Además, no existe regulación especial sobre la materia, por lo que solo cabe concluir que la determinación del tribunal a quo, al conceder el referido arbitrio, no se ajusta a derecho.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de sus derechos, particularmente el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que, la palabra “solo” de la norma impugnada, resulta un obstáculo a la aplicación supletoria de las normas contenidas en los libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

Se debe acudir a las normas del Código Procesal Penal, específicamente a su artículo 368, conforme al cual la apelación se concede en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley expresamente señale lo contrario, lo cual no se advierte, refiere el voto en contra.

Durante una década perpetró ilícitos, sin que la alta autoridad que ostentaba y la confianza ciudadana otorgada por sus electores fuera capaz de frenar su actuar delictual, y al contrario, hizo aprovechamiento de ellas precisamente para defraudar patrimonialmente las arcas fiscales.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Osorno que, además, condenó a Mazda y la empresa concesionaria a pagar 5 millones de pesos por concepto de  reparación o reemplazo de partes defectuosas del vehículo (airbags) y al pago de una multa a beneficio fiscal de 50 UTM por infracción a la ley del consumidor. 

El derecho a la impugnación de las sentencias -el derecho al recurso-, no implica un derecho a un recurso en concreto, de modo tal que, establecida la posibilidad de revisión, el legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos para lograrla. La decisión de sustituir o modificar el sistema de acciones y recursos respecto de las decisiones judiciales constituye una problemática del legislador, no siendo resorte de esta Magistratura alterar o crear recursos nuevos.