El requirente alegó que se le impide controvertir el fondo de la cuestión alegada, lo que infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, pues sólo se concede apelación en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio.

La sentencia apelada articula de manera clara las consideraciones relevantes que informaron su ejercicio de discreción al imponer la sentencia conjunta de 25 años de prisión.

El requirente alega que la restricción recursiva afecta injustificadamente su derecho al recurso y constituye discriminación arbitraria en su contra.

El “mulero informático” es el que interviene en la comisión del delito mediante el aporte de una cuenta bancaria propia para transferir el dinero obtenido de modo ilícito. Los intermediarios financieros actúan por lo general con ánimo de lucro, recibiendo una comisión en contraprestación por su aporte.

El requirente alegó que el precepto legal no cumplía con los parámetros constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso, en relación con el derecho al recurso.

Los requirentes estiman que la aplicación de la norma impugnada transgrede la igualdad ante la ley y su derecho a defensa.

El requirente alega que la norma impugnada atenta contra el debido proceso.

La requirente estima que la norma impugnada vulnera su garantía al igual acceso a la justicia y su derecho a la seguridad jurídica.

El requirente alega que el precepto impugnado vulnera, entre otros, su garantía constitucional a un debido proceso.

El requirente sostiene que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.