La demanda trata sobre el cumplimiento, terminación e indemnización relacionada con un contrato de franquicia, materias cubiertas por la cláusula compromisoria, y según el artículo 1545 del Código Civil, la cláusula compromisoria solo obliga a quienes la suscribieron. No todas las partes del litigio comparecieron en dicho contrato.
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de la Sociedad Implant Laser y un odontólogo, condenados al pago de $613.000 por daño emergente y $2.500.000 por daño moral debido a la instalación negligente de implantes dentales. El máximo tribunal determinó que no existían errores de derecho en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La Corte Suprema resolvió que, al no acreditarse el ejercicio efectivo de una actividad terciaria gravada ni la prestación de servicios a terceros, los sentenciadores incurrieron en un error al basarse solo en el objeto social de la ejecutada para establecer el hecho gravado, vulnerando el principio de reserva legal en materia tributaria.
El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de publicidad y de fundamentación de las decisiones, desde que la Ley N°21.210 mantiene vigente la restricción para interponer el recurso de casación en la forma sólo a ciertas causales del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en los juicios tributarios iniciados con anterioridad al 1 de marzo de 2020, pero a los posteriores.
Resolvió que el Tribunal de Alzada, al soslayar su decisión, infringió su deber de pronunciamiento, en cuanto imperativo que garantiza la obtención de un dictamen sobre todas y cada una de las acciones y excepciones válidamente promovidas en un proceso.
El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que aplicó la multa al recurrente.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
El máximo tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que estableció que los recurrentes derribaron cercos y utilizaron como camino de acceso al lago, el terreno de propiedad de los querellantes.
Es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de engaño para conseguir un beneficio económico de quien puede que esté necesitado también de dinero y que carece de inmueble en el que residir, y que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa que, sin embargo, no disponen de ellos, suponiendo esa conducta y modus operandi una agravación de la estafa.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra hechos establecidos por los jueces del fondo.
No se vislumbra fundamento alguno que permita revestir de racionalidad a la pasividad del Ministerio Público, quien formalizó la investigación el día 3 de enero de 2017, en circunstancias que los antecedentes para ello ya se encontraban disponibles en el año 2014, esto es, cuando aún no transcurría el término de la prescripción de la acción penal.
