Resolvió que la renuncia al usufructo vitalicio, constituido en el marco de una sentencia judicial que estableció el derecho de alimentos, al implicar una rebaja de la pensión de alimentos aprobada judicialmente, requería de autorización del tribunal competente, y al haberse omitido este requisito, se constituye un vicio de nulidad absoluta según el artículo 1681 del Código Civil.

Resolvió que la acción reivindicatoria es procedente, ya que la demandante, titular del dominio y poseedora inscrita, puede ejercitarla contra quien solo detenta la posesión material, en virtud de lo dispuesto en los artículos 889 y 895 del Código Civil.

Resolvió que la solicitud de la demandante para tenerse por notificada de la resolución que recibió la causa a prueba constituye una gestión útil, destinada a continuar con el curso progresivo del proceso, y que impide declarar el abandono del procedimiento.

Resolvió que la relación familia constituye un vínculo jurídico entre el ocupante y la propiedad, lo cual excluye la posibilidad de una tenencia en precario y que, por lo tanto, debe ser resuelta mediante acciones específicas y no a través de una demanda de precario.

Resolvió que el avance del juicio dependía del tribunal una vez finalizada la etapa de discusión, al corresponderle el llamado a audiencia de conciliación, de acuerdo con el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil.

Resolvió que la acción de precario no procede, ya que la ocupación del inmueble está justificada por un contrato de arrendamiento suscrito con el anterior propietario, el cual, aunque no necesariamente oponible al nuevo comprador, vincula a la demandada con el inmueble, por lo que el conflicto debe resolverse bajo las normas aplicables al contrato de arrendamiento.

Resolvió que las actuaciones desplegadas por el ejecutado en la causa importaron una aquiescencia a que el asunto se sometiera a la justicia ordinaria, precluyendo su derecho a formular la incompetencia del tribunal con posterioridad a la comparecencia al proceso.

Resolvió que la aceptación de los hechos en la audiencia ante el juez de garantía constituyó una renuncia tácita a la prescripción de la acción civil, por lo que el plazo de prescripción no se había cumplido al momento de presentar la demanda de indemnización de perjuicios en sede civil.

Resolvió que el contrato de cesión de derechos causó perjuicio a la masa de acreedores de la empresa deudora al establecer condiciones que se apartan de los precios de mercado y disminuir el patrimonio disponible para el pago de las deudas, ya que la empresa cedente, pese a haber pagado todas las cuotas del contrato de leasing para adquirir el bien, optó tácitamente por la compra de la prensa arrendada al no manifestar lo contrario, produciendo un detrimento injustificado a los acreedores.

El máximo Tribunal resolvió que el procedimiento administrativo se ajustó a la normativa vigente, al dictarse la resolución final dentro del plazo de seis meses conforme al artículo 27 de la Ley N° 19.880. Aunque se reconoció una demora de casi siete años en la fase recursiva, dicha tardanza no afecta la validez del procedimiento inicial ni de la resolución emitida en marzo de 2015, que puso fin al proceso administrativo conforme a los artículos 40 y 41 del mismo cuerpo legal.