El máximo Tribunal resuelve que para que proceda el pago de patente municipal es necesario que se realice una actividad gravada, lo cual en el caso de las sociedades de inversión consistiría en la prestación de un servicio como lo sería una asesoría mediante profesionales que estudien el mercado y guíen a los inversionistas.

El máximo Tribunal declaró que las actuaciones realizadas en segunda instancia tienen el carácter de gestión útil para la prosecución del juicio, considerando el proceso como una unidad, impidiendo atribuir un reproche de inactividad a la parte demandante.

Tratándose de una sanción procesal las normas que regulan este incidente especial han de ser interpretadas y aplicadas restrictivamente, por lo que no es permitido al interprete adicionar otros presupuestos de procedencia de la sanción que el o los expresamente indicados en la ley.

El proceso constituyente se encuentra vinculado a la decisión de asuntos que importan a la sociedad civil en su conjunto (acorde con la voluntad y las necesidades de los ciudadanos en general). Por lo que los posibles canales de participación popular para la definición de un nuevo orden constitucional, no se condice con las funciones y atribuciones otorgadas a los gobiernos locales (satisfacción de necesidades comunales).