La normativa no permite aplicar un criterio puramente prudencial y potencialmente arbitrario para determinar su aplicación, ya que establece una excepción calificada a la regla general sobre la interrupción civil de la prescripción. Reafirmó que, según el artículo 6° del Código Civil, la ley no obliga sino una vez promulgada y publicada, y aunque puede haber leyes con efecto retroactivo, la Ley N°21.226 no dispone tal retroactividad.

La controversia jurídica radica en determinar la naturaleza del título que invoca la demandada y si los hechos asentados en la causa se encuadran dentro de la hipótesis de mera tolerancia que habilita al dueño de una propiedad para accionar de precario contra el o los ocupantes.

Resolvió que la reclasificación de los hechos de «hurto» a «robo» realizada por el asegurado no constituye una contradicción con su denuncia inicial, lo que impide aplicar la teoría de los actos propios. Esto se debe a que no es exigible al asegurado una correcta subsunción de los hechos en la figura penal de «hurto» o «robo» tipificada por el legislador, prevaleciendo, por tanto, la descripción de los hechos sobre su calificación jurídica.

Resolvió que se contravino la regla de valoración de la prueba establecida en el inciso 3° del artículo 22 del D.L. N° 2.695, que requiere su apreciación en conciencia, así como las exigencias legales y constitucionales que demandan una adecuada motivación de las sentencias como un imperativo del debido proceso.

El máximo Tribunal resuelve que para que proceda el pago de patente municipal es necesario que se realice una actividad gravada, lo cual en el caso de las sociedades de inversión consistiría en la prestación de un servicio como lo sería una asesoría mediante profesionales que estudien el mercado y guíen a los inversionistas.

El máximo Tribunal declaró que las actuaciones realizadas en segunda instancia tienen el carácter de gestión útil para la prosecución del juicio, considerando el proceso como una unidad, impidiendo atribuir un reproche de inactividad a la parte demandante.

Tratándose de una sanción procesal las normas que regulan este incidente especial han de ser interpretadas y aplicadas restrictivamente, por lo que no es permitido al interprete adicionar otros presupuestos de procedencia de la sanción que el o los expresamente indicados en la ley.

El proceso constituyente se encuentra vinculado a la decisión de asuntos que importan a la sociedad civil en su conjunto (acorde con la voluntad y las necesidades de los ciudadanos en general). Por lo que los posibles canales de participación popular para la definición de un nuevo orden constitucional, no se condice con las funciones y atribuciones otorgadas a los gobiernos locales (satisfacción de necesidades comunales).