El título que esgrime la demandada como justificación de la tenencia corresponde al vínculo de parentesco con los antecesores en el dominio, a saber, su abuelo, madre y hermano, y ha sido ocupado por ella desde su nacimiento, con anterioridad a que la actora adquiriera derechos en el inmueble, lo que, además, no era ignorado por esta última, quien es su cuñada. La ocupación encuentra su justificación en el vínculo entre el antecesor en el dominio del bien y la ocupante de la cosa, lo cual se opone a una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada.

Conforme al principio de legalidad del gasto público, los fondos que la Ley de Presupuestos pone a disposición de la Administración del Estado deben destinarse al logro de sus objetivos propios, fijados tanto en la Constitución como en sus leyes orgánicas, y administrarse de conformidad con las disposiciones contenidas en una serie de textos legales que regulan materias financieras, siempre teniendo como fin último la promoción del bien común y la satisfacción regular y continua de las necesidades públicas, tarea fundamental de dichos órganos.

El título esgrimido por el demandado es un contrato de administración agrícola sin disposición de bienes, que no contiene referencia alguna a la autorización para ocupar, no siendo suficientes las declaraciones testimoniales para agregar contenido a un contrato que es ley para las partes y que, además, se encuentra extinguido desde la muerte del mandante, siendo forzoso concluir que este no cuenta actualmente con título alguno que lo habilite para ocupar la propiedad y que sea oponible a la actora, por lo que la tenencia es por mera tolerancia e ignorancia de su dueña.

Siendo el solicitante titular de la inscripción de nacimiento del año 1962 -rectificada por sentencia judicial en el año 1972-, el cambio de apellido que se revisa corresponde a la primera presentación de su parte, sin que la modificación que lo registró con un apellido paterno compuesto, cuando éste tenía solo 10 años de edad, limite o restrinja el ejercicio de su derecho, por cuanto el cambio consiste únicamente en eliminar el guion de su apellido paterno compuesto, no siendo esta una modificación sustancial a los apellidos que usa desde el año 1972, por lo que resulta ajustado a derecho autorizar el cambio pedido.

Una de las hipótesis de falta de servicio consiste en el funcionamiento irregular del órgano administrativo llamado a ejecutar una prestación determinada. En el caso concreto, correspondía a Carabineros el asegurar el orden público, ante el llamado de un ciudadano, y se denuncia que en la ejecución de la tarea llamada a realizar, uno de sus funcionarios utilizó una violencia desmedida, propinando una golpiza al fallecido que lo llevó a su muerte. A la vez, que el otro funcionario policial presente en el procedimiento no prestó el auxilio debido pese a la gravedad de la situación de salud de la víctima.

Existe así una falta de servicio evidente puesto que la actividad esperable de una institución sanitaria ante tan grave enfermedad no fue desplegada, por el contrario, queda en evidencia un funcionamiento defectuoso, sin que pueda calificarse la conducta desplegada por los profesionales médicos que atendieron al actor como ajustada a la lex artis médica.

Es en la DOH Regional en quien recae la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución y supervisión completa del proyecto objeto de autos, otorgándole amplios atributos, descritos todos en el denominado convenio de mandato, por lo que resulta patente que cuenta con legitimidad pasiva para ser demandada en estos autos y en consecuencia al acoger la excepción de legitimación activa los sentenciadores incurrieron en error de derecho

Se infringió el artículo 842 del Código Civil, al estimar la existencia de cuestiones dominicales sobre la base de prueba que señala claramente la extensión del deslinde de las partes y que no ha sido controvertida por la demandada. La acción de demarcación y cerramiento no busca la decisión de cuestiones de dominio o posesorias, más aun considerando la naturaleza de los inmuebles involucrados, como se observa de la prueba rendida, especialmente la pericial, pues se trata de propiedad urbanas cuyos títulos no han sido objetados por la demandada la que no ha controvertido la extensión total del deslinde, una de cuyas partes se pretende cerrar, ni formulado cuestiones a las conclusiones planteadas en el informe técnico que se elaboró.

En el fallo de reemplazo dispuso que no es posible acceder a lo demandado, si en autos no se ha aportado la información relativa al valor total de los bienes de los cuales era dueño el cónyuge, al momento de terminar el régimen, lo cual es absolutamente indispensable para los efectos de liquidar las eventuales ganancias que hayan surgido, en este caso para ambas partes y proceder a su compensación, en los términos previstos en el artículo 1792-19 inciso 3° del Código Civil, previa resta entre al patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge.

Los decretos impugnados cumplen con la exigencia de motivación de los actos administrativos, ya que fundamentan la ejecución de las garantías en incumplimientos contractuales verificados por la Inspección Técnica del Servicio y en la existencia de juicios laborales pendientes, que representan una contingencia para el municipio.