No hubo alegaciones tendientes a acreditar la ilicitud en el obrar de la demandada, en el contexto de un despido por un presunto hurto realizado por el demandante.
Al rebajar los montos fijados en favor de la demandante por concepto de daño moral, sin que fuera solicitado en el recurso de apelación, se configura la causal de nulidad del artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil.
La Municipalidad de Osorno no incurrió en ilegalidad al exigir la certificación para pronunciarse sobre la patente municipal de la actora, toda vez que aquello se vincula a la aplicación del Dictamen N° 25.712 y se ajusta a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.063 de 1979 sobre Rentas Municipales.
La requirente estima que ello vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, igual protección de la ley, el acceso a un procedimiento racional y justo, y el derecho a un recurso efectivo.
Se ha faltado a un trámite que el legislador considera esencial, como es la vista de la causa, habiéndose solicitado oportunamente los alegatos por la parte recurrente en su oportunidad, y sin que exista un motivo para haberlos denegado.
La norma impugnada incurre en una discriminación arbitraria e impide el acceso a un recurso útil.
Los jueces deben agotar el examen de las argumentaciones que sustentan las alegaciones y defensas de las partes.
Al no ser un acto terminal, esta resolución no puede ser impugnada por dicha vía, toda vez que no falla el fondo del asunto controvertido, esto es, la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia de la Corte de Santiago, que estableció la responsabilidad de la empresa por los defectos en el inmueble.
