La resolución en análisis exige recurrir al principio pro-administrado, en cuya virtud es preciso interpretar la normativa aplicable de manera que no se perjudique al administrado.

Se descartaron los vicios invocados en contra de la sentencia dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción colectiva.

El recurso se formula en contra de los hechos que fueron establecidos por los jueces del fondo, los que resultan inamovibles, a menos que se hayan denunciado de modo eficiente infracción a las normas reguladoras de la prueba.

Al haber sido despedida la actora en agosto de 2021, el plazo para interponer la demanda de despido injustificado se inició el 1 de diciembre del mismo año.

El demandante no preparó el recurso de conformidad a lo previsto en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil.

Los actos reprochados fueron dictados en virtud de la normativa que regula la materia, que no obsta a las facultades que la LGUC ha otorgado a los Alcaldes para decretar la demolición de obras ejecutadas en contravención con la ley.

El máximo Tribunal ordenó que vuelvan los autos a la Corte de Concepción, a fin de que la sala de cuenta proceda a dictar la resolución que corresponda para efectos de dar curso progresivo a los autos.

El máximo Tribunal desestimó el recurso presentado por la empresa Agrícola Matriarca SA, en contra de la sentencia que la condenó en forma solidaria a indemnizar al demandante.

La norma es perentoria en orden a señalar que deben existir obras de captación. No fue posible advertir la concurrencia de las infracciones a las normas en que se sustentó el recurso.

El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia de la Corte de Santiago, y declaró que un Juzgado Civil de la capital es competente para conocer la demanda de nulidad de derecho público por impugnarse en ella un acto terminal dictado en Santiago.