El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra hechos establecidos por los jueces del fondo.
No se vislumbra fundamento alguno que permita revestir de racionalidad a la pasividad del Ministerio Público, quien formalizó la investigación el día 3 de enero de 2017, en circunstancias que los antecedentes para ello ya se encontraban disponibles en el año 2014, esto es, cuando aún no transcurría el término de la prescripción de la acción penal.
El engaño del sujeto respecto de la utilización del preservativo, simulando su llevanza conforme a lo acordado, para quitárselo, o no llegar a ponérselo, afecta a la forma de la injerencia, al grado de injerencia en la relación consentida, por lo que tiene la relevancia precisa para afirmar la tipicidad en el delito de violación, refiere el voto en contra.
El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la de primer grado que rechazó la acción.
La renuncia a la inmunidad de jurisdicción, o sumisión expresa, constituye un mecanismo del que se vale el Código de Derecho Internacional Privado para que un Estado confiera competencia a un Tribunal extranjero para conocer de un asunto que, en virtud de la inmunidad de jurisdicción, no podría juzgar. Los elementos que configuran la sumisión expresa son tres: que sea hecha por los interesados, que la renuncia al fuero propio sea clara y terminante y que se designe con toda precisión al juez al que se somete el conflicto.
El fallo consigna que, se ha de tener presente que el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone ‘exprese’, es decir, explicite en qué consiste –cómo se ha producido– el o los errores, requisito que el recurso no cumple en cuanto denuncia infracción.
Rechazó el cobro de patente comercial por la Municipalidad de Lo Barnechea. La actividad que no está sujeta a dicho tributo. Conforme al principio constitucional de reserva legal, la interpretación de elementos tales como el sujeto, el hecho gravado, la tasa y la base imponible, debe realizarse con carácter estricto, sin que el desarrollo reglamentario pueda llegar a ampliar o extender el hecho gravado más allá del límite y lineamientos que fueron fijados por el legislador, ni siquiera extendiendo su interpretación por vía complementaria.
La Corte, al acoger el arbitrio de nulidad formal, retrotrajo el proceso a la etapa de efectuar una audiencia preparatoria en los términos requeridos por el artículo 61 de la Ley 19.968, por el juez no inhabilitado que corresponda, el cual proseguirá la tramitación del proceso hasta la dictación de una nueva sentencia, si fuere necesario.
Si la defensa tenía alguna sospecha sobre posibles falsificaciones debería haber solicitado a los correspondientes medios de comunicación copias de las imágenes originales y cotejarlas con las que obran en autos. No existe pues vulneración de la cadena de custodia, y la prueba ha sido debidamente valorada.
Si bien no procede el recurso extraordinario cuando se pretende revisar las decisiones de los tribunales de la causa en materia de admisibilidad de los recursos por tratarse de un aspecto de naturaleza procesal, esta Corte ha establecido excepciones a esa regla general cuando la resolución apelada conduce, sin fundamentos adecuados, a una restricción sustancial de la vía utilizada que afecta el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
