El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia cuestionada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que acogió la demanda y ordenó al médico resarcir el daño emergente y daño moral provocado a la paciente.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la acción de petición de herencia.

El máximo Tribunal consideró que se justifica aplicar la sanción máxima que estipula la ley, por el daño irreparable ocasionado al patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la resolución que condenó a Contreras Tamayo como cómplice del delito, al descartar que haya tenido una participación directa en los hechos.

El máximo Tribunal estableció error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que rechazó la demanda y confirmó la sentencia del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle que la acogió.

Cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en el ámbito de la presunción de inocencia se limita al examen de la racionalidad de la resolución en relación con su motivación, licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda. 

El máximo Tribunal consideró que hubo infracción al deber de información con la paciente al no dar cuenta de los métodos anticonceptivos para reducir el riesgo de un embarazo, luego de un procedimiento quirúrgico voluntario de cauterización de las trompas de falopio.

Si las partes no solicitan que los menores sean oídos, los tribunales deben acordarlo de oficio si lo estiman necesario, o bien, descartarlo motivando su improcedencia, por no resultar necesario, conveniente o por el propio interés del menor.

El máximo Tribunal consideró que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, incurrió en error de derecho al absolver a Román Herrera, reponiendo la pena que le impuso, en primera instancia, el ministro en visita Mario Carroza, como autor del delito.