La finalidad de los instrumentos de planificación territorial corresponde a la regulación y orientación del desarrollo urbano, por lo que pueden determinar y orientar su progreso.
El máximo Tribunal rechazó el recurso especial deducido en contra de la sentencia, dictada por Corte de Apelaciones de Chillán, que confirmó, con costas, la resolución de primera instancia que se acogió la demanda.
Una vez terminado el contrato de arrendamiento sólo subsiste para el detentador del inmueble la obligación de pagar el precio de la renta y los gastos comunes hasta su restitución.
El máximo Tribunal estableció error de derechos en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado que acogió la acción de precario por mera tolerancia.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda y ordenó a la compañía aseguradora pagar $12.832.813; dio lugar a la demanda de daños incidentales, pero solo respecto de dos cuotas del contrato de leasing por 37,05 UF cada una y dio cabida a la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, condenando a la demandada al pago de $1.500.000.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que aumentó el monto indemnizatorio que deberá pagar la demandada por las omisiones negligentes e inexcusables en que incurrió el personal de salud bajo su dependencia, al denegar la atención que requería la víctima. Falta de servicio que obligó a trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital de Castro, centro asistencial donde falleció.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada la Corte de Apelaciones de Talca, que confirmó la de primer grado que, entre otros, ordena a la parte demandada suscribir el contrato definitivo de compraventa del 50% del derecho de aprovechamiento de aguas, bajo apercibimiento de que si no lo hace “dentro de tercero día de ejecutoriada que sea esta sentencia, el contrato de compraventa definitivo lo suscribirá el Tribunal en su nombre y representación”.
El máximo Tribunal desestimó infracción en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda de cobro de la obligación.
La resolución que denegó la solicitud de paralización de las obras de los reclamantes se dictó en septiembre de 2017 y el reclamo de ilegalidad fue interpuesto en agosto de 2018, por lo que el plazo de interposición se encuentra largamente vencido.
Los recurrentes no desvirtuaron los hechos por los que fueron sancionados, ni impugnaron la aplicación de las multas decretadas en su contra.
