Reviste la calidad de auto al fallar un incidente sin establecer derechos permanentes en favor de las partes, atendido a que las medidas precautorias son esencialmente provisionales. Sin embargo, al recaer sobre un trámite no expresamente ordenado por la ley, se torna apelable subsidiariamente.

Los órganos de la Administración no ejercen funciones jurisdiccionales al dictar resoluciones, por lo que no se trata de una impugnación de lo resuelto en primer grado.

No existe precepto alguno que contemple semejante posibilidad, porque se debe entender que la decisión definitiva adoptada por una Sala de la Corte representa el parecer del conjunto del mismo tribunal, en cuya representación obró.

El tercero coadyuvante tiene una intervención subordinada a los intereses de la parte respecto de la cual adhiere su defensa, y si la reclamada se allanó al reclamo, en estas circunstancias aquél carece del interés al que adhirió como fundamento de su postura en el proceso.

El fallo explica los términos en que es reconocida la intervención de terceros en el proceso en nuestro ordenamiento jurídico.

De una interpretación armónica de los artículos 128 y 129 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, fluye que la sentencia definitiva que, rechazando la oposición del deudor, ordena su liquidación, es apelable en el solo efecto devolutivo.

Se acreditó el entorpecimiento fundado en la contingencia sanitaria.

La Corte de Apelaciones deberá disponer la tramitación que en derecho corresponda al recurso de apelación.

En razón del principio de especialidad prevaleció el artículo 473 del Código del Trabajo.

La organización sindical debió reponer con apelación subsidiaria en contra de la resolución que declaró inadmisible la acción de protección en contra la Dirección Regional del Trabajo.