Respecto de la única causal invocada, se aprecia su total falta de fundamentación, dado que no ha señalado la manera en que se habría incurrido en la vulneración del estándar probatorio que exige la ley, que por lo demás no precisa; ni la forma en que se habría infringido el principio de razón suficiente.

Debemos recordar que conforme a la opinión tradicional original y generalizada en nuestra doctrina y jurisprudencia, el fundamento soporte del sistema de acumulación jurídica para delitos de una misma especie que prevé el artículo 351 del código procesal penal se encuentra vinculado fuertemente a la idea de humanidad de las penas.

Funcionarios de la aduana detectaron que un paquete sospechoso iba dirigido al domicilio del acusado, y mediante la técnica del agente encubierto, personal de la PDI hizo entrega del envío al imputado, quien posteriormente reconocería que la cocaína incautada iba a ser vendida en la capital.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó íntegramente la reclamación judicial interpuesta por la empresa contra la resolución de multa.

La aplicación de dicha pena accesoria al caso sublite contradice la finalidad del régimen de sanciones de la ley 18.216, en cuanto estas permiten a un sujeto su cumplimiento en libertad, de tal forma de preservar su arraigo laboral como un factor favorable para la prevención de la reincidencia, elemento que precisamente es tomado en cuenta para la procedencia de estas penas sustitutivas.

Sostener lo contrario equivale a transformar el presente arbitrio en un verdadero recurso de apelación.

El juez solo hace un resumen de las alegaciones de las partes en cuanto al quantum de la pena y su forma de cumplimiento, pero no señala el motivo que lleva al tribunal a decidir aplicar la pena.

El acusado pretendía anular el fallo condenatorio, acusando que el Ministerio Público decidió excusar a una de las víctimas para declarar, y posteriormente, la llamó a estrados de forma telemática, circunstancia que no puede ser catalogada como anómala, pues dicha declaración se efectuó conforme a derecho.

La defensa acusó que la orden de investigar emitida por el Fiscal estaba caduca, por lo que la detención y la evidencia levantada eran ilegales, tesis desestimada por el máximo Tribunal, que consideró que los funcionarios policiales actuaron según el mandato del artículo 129 del Código Procesal Penal, al observar mediante cámaras de televigilancia la venta de droga por parte del condenado y otro coimputado.

El máximo Tribunal estimó que la sentencia condenatoria no explica lógicamente el origen del incendio con la participación directa del imputado, condenando al acusado de forma especulativa, e infringiendo con ello el principio de razón suficiente.