Pues existía el riesgo de que el dueño o algún arrendatario arribara al predio y fueran expuestos al peligro, al encontrar al encartado en plena faena delictual. El acusado es condenado a más de siete años de cárcel por robar una orilladora y una cortadora de pasto en San Fernando.

El agente aprehensor ingresó “por accidente” al domicilio del acusado, sin poder demostrar posteriormente la existencia de la supuesta arma de fuego que motivó el operativo, por ende, toda la prueba reunida para condenar al recurrente es ilegal y no debe ser considerada en el nuevo juicio en su contra.

La baja del actor emana de la autoridad competente, se funda en el informe de la Comisión Médica Central de Carabineros, que examinó al actor, y concluyó en forma técnica que su salud no es compatible con la función a cumplir, por lo que su desvinculación no es discriminatoria, señala el voto en contra.

El acusado fue sorprendido bebiendo alcohol junto a los ocupantes de un vehículo, momento en que fue controlado por los agentes en virtud de la Ley Nº18.290, y al no exhibir la documentación requerida, el control se tornó en investigativo, resultando en el hallazgo al interior del móvil de diversas dosis de marihuana listas para la venta, y municiones sin la debida autorización.

Al imponer el tribunal la inhabilitación para obtener licencia de conducir por un tiempo inferior al que correspondía legalmente demuestra la falta de comprensión del Derecho, sin embargo, al no haberse recurrido la sentencia por la Fiscalía la Corte no puede modificarla.

No concurre ninguno de los presupuestos de la legítima defensa contemplados en el artículo 10 N°4 del Código Penal.

Además, el precio del vehículo, si bien fue bajo al del mercado, ello se explica porque le afectaba una prenda; y si el acusado tuvo contacto con un intermediario, y no con el propietario, fue porque es común en ese tipo de mercado, y sostener lo contrario importa una infracción al principio de las máximas de la experiencia.

Como el terreno es parte de un predio mayor que administra el Ejército, hoy quien reclama el terreno para uso propio es el Ejército que se estableció allí en 1930. “Pero la comunidad ya habitaba el lugar cuando el Ejército se instaló en la zona”, destaca la doctora en antropología e investigadora en temáticas de pueblos originarios, Laura Kropff.

La pena que se pide en la acusación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 259 letra g) del Código Procesal Penal, resulta por completo ajena a los hechos y circunstancias de la acusación y, como tal, no puede ser vinculante para los jueces llamados a conocer del asunto, toda vez que en dicha tarea se aplica el principio “iura novit curia”, esto es, el derecho lo dice el juez.”

El máximo Tribunal estimó que la aplicación de la regla del artículo 348 del Código Procesal Penal, permite conmutar el tiempo de privación nocturno de libertad, por 12 horas de un día completo. Así, el imputado cumplió en exceso la pena principal con el tiempo efectivamente abonado por dicha medida cautelar.