El máximo Tribunal estimó que la aplicación de la regla del artículo 348 del Código Procesal Penal, permite conmutar el tiempo de privación nocturno de libertad, por 12 horas de un día completo. Así, el imputado cumplió en exceso la pena principal con el tiempo efectivamente abonado por dicha medida cautelar.

Los sentenciadores para establecer la participación del imputado han analizado la totalidad de la prueba, entregaron los motivos del por qué y cómo le otorgaron valor probatorio, cumpliendo con el estándar exigido, decisión que se encuentra debidamente fundada, sin que exista duda razonable al respecto.

El acusado viajaba como copiloto, y fue registrado por los agentes de Carabineros que observaron cuando el conductor del vehículo en que aquel se desplazaba no respetó el signo pare, encontrando en poder del encartado cocaína, marihuana y éxtasis.

El Tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso por manifiesta falta de fundamento.

El letrado no asistió a una audiencia de coordinación de juicio oral, justificándose de forma posterior. No obstante, y pese a que el acusado manifestó en reiteradas ocasiones que deseaba volver a ser representado por su abogado de confianza, el tribunal no autorizó el patrocinio y designó de oficio al defensor penal público, infringiendo con ello el debido proceso.

El acusado fue observado por personal de Carabineros mientras vendía papelillos con estupefacientes afuera de su domicilio, indicio habilitante que permitió a los funcionarios el registro del inmueble, levantando evidencia incriminatoria contra el recurrente, que se dedicaba al comercio de pequeñas cantidades de droga.

Del desarrollo del recurso queda de manifiesto que lo que en realidad se cuestiona es la valoración que de la prueba allegada al juicio efectuó el tribunal, lo que no es constitutivo de la causal en comento, sino más bien de un recurso de apelación que se encuentra proscrito, por lo que no se puede anular la sentencia absolutoria por el delito de abuso sexual.

El Tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido contra hechos asentados por el juez del fondo.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó a la recurrente al pago de la suma de $10.000.000 por concepto de daño moral, a la trabajadora.

La diferencia entre “tenencia” y “posesión” es significativa en el contexto penal, ya que implica un grado de control y dominio distinto sobre las sustancias. La utilización de estos términos en la sentencia genera una ambigüedad que afecta la claridad y precisión de la fundamentación, y es esencial para determinar la imputación correcta y la consecuente responsabilidad penal del acusado.