El acusado intentó asilarse a la minorante del artículo 11 N°9 del Código Punitivo, en circunstancias que el esclarecimiento de los hechos quedó asentado mediante la información recabada por agentes encubiertos, por lo que el máximo Tribunal no puede revisar nuevamente la investigación para dar lugar a la tesis de la defensa.

No obstante que no fuera invocada, la falta de argumentación en la sentencia daba lugar también a la causal de nulidad contemplada en el artículo 374 letra e), en relación con la letra d) del artículo 342 del Código Procesal Penal, esto es, la omisión de las razones legales o doctrinarias que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó a la clínica demandada al pago de la suma de $10.417.961 por concepto de incremento del 30% de la indemnización por años de servicio [artículo 168 letra a) del Código del Trabajo].

La encartada fue detenida en un servicentro de la ruta 5 norte, mientras se dirigía hacia la capital con un cargamento de cocaína listo para ser comercializado. La magistratura estimó que el reconocimiento de la acusada y los coimputados mediante el levantamiento de imágenes de seguridad del local de comida en que repostó es un acto autónomo permitido a la policía, que no requiere autorización expresa debido a las diligencias previas autorizadas por el tribunal en contra de los partícipes.

El Ministerio Público modificó -previa autorización del juez de garantía- el numero único de evidencia de la droga incautada a la acusada, incorporando en dicha modificación evidencia con distinto pesaje, lo que constituye en la especie una prueba nueva que no pudo ser examinada por la defensa, hecho que vulneró el debido proceso de la imputada.

El máximo Tribunal redujo de cinco a dos los años de suspensión de la licencia de conducir del acusado, al observar que el Juzgado de Garantía consideró una condena previa por el mismo hecho, dictada once años atrás, y que, por ende, se encontraba prescrita según el artículo 104 del Código Penal.

A pesar del yerro en la falta de justificación del testimonio escrito de la víctima ausente, la magistratura estimó que la convicción para condenar al acusado se formó mediante el análisis de todos los medios de prueba incorporados en el juicio, entre otros, el testimonio de los agentes aprehensores; por lo tanto, desestimó la tesis de la defensa y confirmó la condena impuesta.

Al momento de llegar los funcionarios policiales en busca del niño, éste se encontraba durmiendo, lo que pareciera difuminar la seriedad de la amenaza proferida por la acusada momentos antes, en los términos que se propone en los hechos acreditados, alternativa de la que tampoco se hace cargo la sentencia impugnada.

El Tribunal de alzada descartó vulneración al principio de inmediación en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la demanda y, consecuencialmente, mantuvo las multas reclamadas. 

El acusado asaltó a dos personas en la comuna de Quinta Normal, llevándose como botín sus teléfonos celulares. Las víctimas denunciaron el hecho a Carabineros, quienes, utilizando el GPS de ambos dispositivos, concurrieron al domicilio del acusado, actuación que se encuentra amparada por la flagrancia de los delitos y el concepto de “auxilio” a la víctima que indica el artículo 83 del Código Procesal Penal.