El Tribunal omite referirse a las exigencias legales y reglamentarias que debía cumplir el triciclo y su conductor, quien también debía estar atento a las condiciones del tránsito, como también hacerse cargo de que el hermano de la víctima reconoce que había estado tomando durante la tarde con su hermano fallecido en el accidente, entre otras omisiones.

La Historia de la Ley Nº21.594 revela que se incorporó al Código Penal el artículo 304 ter con la finalidad de tipificar y sancionar como delito la tenencia de elementos o medios tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior, y no como una contravención administrativa de las normas internas de disciplina del establecimiento.

El acusado intentó anular el castigo impugnando la validez del informante, no obstante, la Corte Suprema estimó que el uso de este tipo de agente obedeció a una investigación en curso, autorizada por el tribunal, y que otorgó datos precisos respecto de la identidad del imputado, ubicación, y actividades delictivas.

El acusado puso todo lo necesario de su parte para la consumación del delito, atendida la forma en que ocurrieron los hechos, los elementos con los cuales se atacó a la víctima y los lugares donde se dirigieron las agresiones, sin que sea relevante que esa acción homicida no haya seguido adelante hasta la misma muerte de la víctima, lo que no se consumó porque la ofendida logró huir de su agresor.

El encausado fue fiscalizado por agentes policiales, y al descender voluntariamente del móvil, los funcionarios observaron una bolsa transparente con una sustancia vegetal de color verde, lo que devino en un control de identidad y registro, determinando que la sustancia observada era cannabis sativa, y encontrando en posesión del acusado Ketamina y dinero efectivo proveniente de la venta de aquellas sustancias.

El artículo 159 del Código Procesal Penal señala que pueden anularse las actuaciones judiciales defectuosas que originen un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad, cuyo es el caso. Resolver si debe otorgarse a la acusada la libertad vigilada intensiva exige ponderar todos los antecedentes aportados al debate, y a esta Corte sólo le corresponde resolver al respecto como tribunal de segunda instancia, y no en única, como lo sería si fallara sobre el fondo de lo solicitado en el recurso de apelación.

El acusado amenazó con un cuchillo a la víctima mientras ésta descargaba mercadería de un vehículo frente a su casa robándole una bolsa con productos, hecho que se vio agravado por la reincidencia del imputado en delitos de la misma especie; por lo tanto, la regla del artículo 449 Nº2 permitió al tribunal imponer un castigo más severo, desestimando la “compensación racional” propuesta por el encartado para reducir la pena.

No se configura vulneración al principio de irretroactividad de la ley penal dado que, si bien, los delitos que han sido considerados fueron cometidos con anterioridad a la vigencia del artículo 196 del Código Penal, cuando el encartado comete el delito que dio origen a la presente causa, ya tenía pleno conocimiento de los efectos de incurrir en la conducta típica, refiere el voto en contra.

Si bien, la sentenciadora razona adecuadamente respecto de la participación del imputado en los hechos del requerimiento, no sucede lo mismo respecto de un elemento del tipo penal.

Se configuraba una activa intervención del imputado en la obtención de recursos; como en el mecanismo de respaldo e incorporación de numerosos documentos mercantiles aparentes, los que fueron cuestionados formal como ideológicamente.