Al no existir certeza sobre lo qué expresó cada testigo, en qué forma, ni en qué contexto y circunstancias ocurrieron los hechos, no es factible en la práctica verificar si éstos se encuentran encaminados en el sentido que indica el tribunal.

El interés que claramente persiguió la coacusada fue configurar una atenuante para mejorar su posición procesal, lo que efectivamente terminó consiguiendo gracias a la benevolencia del Fiscal que solicitó de manera inusual una rebaja en dos grados de la pena, exclusivamente por involucrar en los hechos al coacusado.

Mediante la técnica de “entrega controlada”, personal de la PDI detuvo al acusado al momento en que recibía un paquete de cocaína de manos de un camionero argentino. El imputado intentó excusarse alegando que desconocía el motivo del viaje, y que solo era un “acompañante” del conductor del vehículo, y que había sido llevado al lugar con la intensión de comprar unos repuestos para un automóvil, no obstante, la magistratura tuvo por acreditado el dolo criminal del acusado, al observar que él era el contacto con el transportista para la entrega del alcaloide.

Los funcionarios se encontraban realizando controles preventivos en un sector de la comuna de Alto Hospicio, lugar donde controlaron al acusado que circulaba en un vehículo de alta gama, y que, tras ser requerida su identificación, huyó del lugar, siendo detenido por los agentes que lo encontraron en posesión de un arma de fuego prohibida.

Carabineros de la ciudad de Antofagasta fueron alertados por un tercero, quien indicó que el acusado se encontraba en una intersección vendiendo pitos de marihuana, y entregó a los aprehensores una descripción pormenorizada de las vestimentas y accesorios que portaba el imputado; por lo que tal denuncia permitió válidamente efectuar un control investigativo al particular.

Resulta un error exigir a cada testimonio individual el cumplimiento del estándar probatorio de la duda razonable, contemplado en el artículo 340 del mismo Código, para dotar de valor a las evidencias.

El plazo de años para los efectos de la edad, se inicia y termina con el día del mismo número de sus respectivos meses, por lo que los quince años del acusado, alcanzan al día en que cometió los delitos por los cuales se le condena.

El funcionario acusado, en razón de su calidad y la naturaleza de sus funciones, y sabiendo que igualmente no se encontraban cubiertos los fondos para el pago de los bonos de incentivo al retiro, resuelve que sean pagadas sus propias indemnizaciones con dineros destinados a fines diversos, generando con ello un entorpecimiento en la administración de la Corporación.

El fallo impugnado no ha analizado toda la prueba rendida en juicio. En particular, no destina una sola palabra a explicar qué valoración le ha atribuido a la prueba documental presentada por la defensa, la que sólo es mencionada (sin valorarla) ni tampoco a la declaración exculpatoria que el imputado prestó en el juicio.

El Juez del Trabajo declaró que la denunciada incurrió en prácticas lesivas a la libertad sindical y le ordenó corregir las infracciones que determinó. Le ordenó otorgar el trabajo convenido al delegado, entre otras medidas.