El Juez del Trabajo declaró que la denunciada incurrió en prácticas lesivas a la libertad sindical y le ordenó corregir las infracciones que determinó. Le ordenó otorgar el trabajo convenido al delegado, entre otras medidas.

Es de sobremanera conocido por el defensor que bastaba con solicitar la declaración judicial de su representado o formular las reclamaciones pertinentes ante el Ministerio Público frente a la supuesta arbitrariedad que cometía el fiscal a cargo de la causa, de hacer oídos sordos a sus solicitudes.

El máximo Tribunal estimó que, las sustancias trasladadas por riles de agua lluvia y servidas no constituían “residuos peligrosos” en el sentido que lo entiende el artículo 44 de la Ley Nº20.290, por ende, falta el objeto material del tipo panal que sanciona tal acto.

El máximo Tribunal estimó que los sentenciadores no explican por qué prefirieron los testigos de oídas que respaldaban la declaración de la víctima. Asimismo, cuestionó el hecho que se haya considerado como causa del aborto espontáneo sufrido por la víctima, al golpe en la zona genital propinado por la acusada, en circunstancias que los peritos médicos declararon en juicio que es normal la interrupción espontánea del embrazo en las primeras semanas de gestación, como ocurrió en la especie.

Tribunal vulnera el principio de la “razón suficiente”, si no reflexiona acerca de cómo estimó que el acusado era culpable de tráfico de drogas, por el mero hecho de ser detenido en una habitación independiente al local donde se encontraron las sustancias ilícitas.

En ausencia de una prueba técnica y de calidad científica que permita respaldar y corroborar los asertos de la víctima, no existiendo otro antecedente de cargo que contribuya a ese objetivo, es que el Tribunal queda despojado de la posibilidad de acreditar la existencia del delito.

La intención del legislador fue establecer un trato más severo para el conductor ebrio que causa resultados graves, como es el caso de la muerte o lesiones graves gravísimas de sus víctimas, y precisamente por ello deja vedado al tribunal la posibilidad de tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal en dichos eventos.

De los hechos acreditados en el proceso, se concluye que el accionar del acusado ha sido doloso, toda vez, que los golpes desplegados a la víctima y en especial los dados con la herramienta agrícola (azadón) dirigidos a la zona craneal no podían buscar menos que la muerte de éste.

Aun cuando se aceptará como concurrente la atenuante, al concurrir dos minorantes, la pena impuesta pudo ser la misma ya que la rebaja establecida en el artículo 68 es facultativa para los sentenciadores.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, desde que limita la posibilidad de recurrir respecto de una nueva sentencia definitiva dictada en la causa, en circunstancias que la primera sentencia no se pronunció́ sobre el fondo, sino que acogió́ una excepción de incompetencia.