Resulta evidente a esta Corte que el tribunal desecho imponer el mínimo del grado de la pena y también efectuar la compensación entre la agravante del artículo 12 N°16 y la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, por no permitirlo a esa fecha nuestro ordenamiento jurídico, lo que si hoy está permitido.

El Tribunal de alzada descartó vulneración a las reglas lógicas de razón suficiente y no contradicción en la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que estableció la responsabilidad de la demandada en el accidente.

El imputado fue capturado luego que se diera a la fuga de un control de tránsito, mediante una persecución en automóvil y a pie, hecho que permitió a los agentes registrar sus vestimentas, encontrando un arma de fuego y municiones que el encartado portaba sin la respectiva autorización.

El acusado fue denunciado anónimamente que se encontraba en un sector de Antofagasta, en horas de la madrugada, en una actitud “sospechosa” cerca de automóviles y casas del sector. Al llegar personal de Carabineros y registrar sus vestimentas, encontraron que el imputado portaba munición sin la debida autorización.

Se sostiene que el precepto legal objetado podría infringir el debido proceso, el derecho al recurso, desde que la decisión de abandono del recurso de nulidad conlleva que la sentencia condenatoria quede a firme, lo que descansa sobre un hecho no consentido o buscado por el sentenciado, sino que por el contrario, dice relación con el actuar negligente de un agente del Estado, como lo fue la Defensoría Penal Pública.

El precepto impugnado tiene como legítima finalidad clausurar el proceso, haciendo efectiva la pronta y cumplida administración de justicia, tanto para que el imputado sea juzgado en un plazo razonable como para que las eventuales víctimas reciban reparación. Por ello, la certeza y seguridad jurídica, inherentes a la resolución de conflictos por medio del proceso, justifican que estos terminen en algún momento, razonan las disidentes.

La querellada no tuvo el ánimo de afectar el honor de la querellante, lo que impide establecer que las expresiones se hayan proferido “en” descrédito, menoscabo o menosprecio de la querellada tal como se exige para la configuración del delito de injurias, refiere el voto en contra.

No se ha presentado a juicio ningún antecedente respecto de otro terreno que pueda estar involucrado y que genere una superposición y consecuente confusión de terrenos.

El recurrido manifestó que las expresiones emitidas por la juzgadora evidenciaron un sesgo en contra del acusado. No obstante, el Tribunal Supremo sostuvo que la opinión de la jueza se refirió a la forma de examinar la prueba testimonial por parte del letrado, y no hacia cuestiones de fondo, por lo que el tribunal no perdió imparcialidad.

Tampoco consta que el tribunal a quo haya analizado y considerado la atenuante alegada por la defensa de reconocer o no a favor del encartado la circunstancia modificatoria de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos establecida en el artículo 11 N°9 del Código Penal, ni menos lo analiza y resuelve.