Tuvo en consideración la normativa que establece que no procede la inscripción de un arma de fuego, si el solicitante ha sido víctima del robo de armas de fuego, salvo excepciones, más aún, teniendo presente que no ha solicitado la respectiva cancelación correspondiente al arma sustraída hace 15 años.

No se acreditó la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, dado que el conflicto tenía un carácter estrictamente contractual y no genera un derecho indubitado en favor de la recurrente.

En el evento de que la cámara se desplace y capte imágenes de parte de la infraestructura del domicilio de la actora, se torna en ilegal y afecta su derecho a la privacidad, intimidad y sus datos personales.

Atendido que la recurrente no considera volver a habitar el inmueble, se ordenó al recurrido permitirle que retire los efectos personales que se encuentren al interior de la propiedad, en presencia de Carabineros.

Dada la magnitud del riesgo para la salud pública, se consideró que las medidas impuestas son proporcionales y justificadas, tras haberse detectado infracciones graves en la empresa embotelladora, incluyendo la falta de autorización para alcantarillado y agua potable, la extracción de agua desde pozos en lugar de fuentes autorizadas y la presencia de coliformes fecales en niveles superiores a los permitidos.

Habiendo transcurrido casi 3 años desde la baja del carabinero y del inicio del sumario, se ha producido una transgresión a la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto se dejó al actor en una situación desmejorada en relación a otros funcionarios que han podido ser juzgados en un plazo razonable.

No se ha establecido cual es el interés directo de parte de la recurrente, Clínica Dávila, en la acción interpuesta, pues se trata de la negativa de los padres a vacunar a su hija; no se observa en este caso afectación o agravio, ilegalidad de lo obrado, ni menos la vulneración de garantías por el actuar o la conducta omisiva de los padres de la menor.

La presente acción no resulta idónea para la declaración de la existencia del derecho de la recurrente a dejar sin efecto la resolución impugnada, por cuanto la determinación respecto de sí se configuran o no los supuestos fácticos requeridos por la autoridad recurrida, resultan ser cuestiones que deben ser discutidas y dilucidadas en un procedimiento contradictorio.

Este principio prohíbe a la Administración modificar el acto administrativo, perjudicando al destinatario del mismo, a propósito del ejercicio de recursos que el ordenamiento prevé puedan ser ejercidos por este, puesto que, en ese caso, el ejercicio de las facultades revisoras queda circunscrito a lo que fue esgrimido por el recurrente.

No se logró establecer administrativamente que la causante sea efectivamente madre del recurrente conforme a los antecedentes recopilados en los sistemas del Servicio, y, por lo tanto, no se logró establecer un vínculo filiativo entre ambos, por lo que no procede acceder a la solicitud de posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de la causante.