Este principio prohíbe a la Administración modificar el acto administrativo, perjudicando al destinatario del mismo, a propósito del ejercicio de recursos que el ordenamiento prevé puedan ser ejercidos por este, puesto que, en ese caso, el ejercicio de las facultades revisoras queda circunscrito a lo que fue esgrimido por el recurrente.

El obrar del recurrido quebrantó el statu quo existente al momento en que adquirió el inmueble, lo que deriva del acto de autotutela consistente en modificar y cambiar de lugar el cerco divisorio colindante con la propiedad de la actora, sin su participación ni consentimiento, deviniendo en un acto arbitrario, al no contar con resolución judicial previa.

Al no proporcionar una explicación razonable que justifique la incompletitud de la información, lo cierto es que el actuar del recurrido deviene en arbitrario, en tanto importa un trato discriminatorio en contra de la actora en relación con el trato brindado a otros clientes que han recibido información completa y fundada en respuesta a sus solicitudes.

Al tratarse de una separación temporal de funciones, supeditada al resultado del sumario administrativo, y al no haberse dispuesto por el Presidente de la República la privación de percibir su salario, constituyendo la remuneración un derecho de todo trabajador, la medida de no pago de las remuneraciones del actor adoptada por Carabineros deviene en ilegal y arbitraria.

El rechazo de la negativa a subinscribir dicho acto, fundado en la circunstancia de no estar determinada la filiación de la recurrente, respecto de su padre resulta ilegal, ya que junto con desconocer la filiación de esta respecto de su padre fallecido, lo que consta de un instrumento público debidamente apostillado, desestima los derechos que la normativa vigente otorga a la recurrente a ser reconocida como su hija, lo que se traduce en una discriminación que revive las diferencias que contemplaba el estatuto filiativo, afectando en consecuencia la garantía de la igualdad ante la Ley y el derecho a la identidad.

La negativa del Servicio recurrido de proceder a la reimpresión de la cédula nacional de identidad vencida del recurrente afecta su garantía constitucional de igualdad ante la ley, puesto que habiéndose acreditado que la regulación de su situación migratoria se encuentra en trámite, dicho documento mantiene su validez, por lo que, al no procederse a su reimpresión, se le impide actuar válidamente y realizar trámites en el país.

La dilación en el pronunciamiento de la resolución final del sumario debe ser calificada de ilegal por infracción a las normas de la Ley N°19.880, además de vulneradora de la garantía de igualdad ante la ley, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Se ordenó a la iglesia recurrida abstenerse en lo sucesivo de emitir ruidos cuyo volumen exceda los máximos permitidos para la zona en la que se emplaza su templo, atendido que sus emisiones sonoras, al menos en algunas ocasiones, han sobrepasado de los límites legalmente admisibles; perturbando con ello a la actora el legítimo ejercicio de su derecho al libre desenvolvimiento de su vida privada, por implicar una injerencia arbitraria en su intimidad personal y familiar; a lo que se suma una evidente afectación a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

La omisión resulta ilegal, desde que el órgano requerido pudiendo haber llevado a cabo la rectificación de un error fáctico manifiesto y, en el cual no tuvo intervención alguna la parte recurrente, ya que se verificó por una equivocación en el estudio y análisis de la documentación acompañada por la sucesión de la causante ante el ente recurrido, se negó a rectificar tal yerro, en circunstancias que tenía la competencia para disponerlo.

La decisión de no proporcionar la terapia con el medicamento RISDIPLAM, aparece como arbitraria y amenaza la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, toda vez que, se ha negado el acceso a una terapia farmacológica con un medicamento necesario para su sobrevivencia e integridad física y psíquica, considerando que la AME tipo 3 que sufre, es una enfermedad que, a falta del RISDIPLAM, le conduciría a la muerte en un espacio relativamente breve de tiempo, a raíz de un colapso de su sistema respiratorio, debido a la degeneración muscular progresiva que produce, en circunstancias que la administración de la droga ha sido prescrita como aquella necesaria para el tratamiento de la actora por el facultativo que emitió el diagnóstico médico de su padecimiento.