El máximo Tribunal resolvió que en este caso prevalece la normativa especial de la Ley N° 18.156, por sobre lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.500.
La Corte Suprema razona que el denominado “derecho al olvido” que invoca el recurrente no está establecido en nuestra legislación, por lo que la decisión de otorgar la cautela jurisdiccional que se invoca debe ser analizada desde la perspectiva de los derechos que se pueden ver afectados, a saber, el de la libertad de información y el derecho a la honra.
Consideró que la actuación de FONASA vulneró el principio de coordinación entre los órganos de la Administración del Estado, consagrado en el artículo 3 de la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal de la recurrida al retener el monto que correspondía al actor por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral y que obtuvo con ocasión de sentencia firme y ejecutoriada, sin antes determinar la exigibilidad de la deuda tributaria que invoca, cuestión que ha de ser dilucidada en el procedimiento judicial respectivo.
El máximo Tribunal declaró que procede la consulta indígena si hay afectación directa a un pueblo, indicando que ello se produce cuando se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
La conducta de la recurrida no se ajustó a la preceptiva que gobierna la autorización de licencias médicas, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.
La decisión deviene en arbitraria pues carece de fundamento e infringe la igualdad ante la ley desde vez que representa una discriminación respecto de otros voluntarios a quienes se les imputa la misma falta y fueron sancionados con medidas menores, y además no se le permitió al actor impugnar la sanción.
Sin perjuicio de verificar, una vez iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para acceder a dicha declaración, incluyendo el de que el solicitante se haya presentado previamente ante la PDI, acatando la legislación nacional. Además, deberá dictar las resoluciones de carácter general para adecuar la actuación de sus empleados a la correcta aplicación de los preceptos involucrados.
La omisión de la Subsecretaría y la tardanza de Gendarmería no pueden repercutir negativamente en el funcionario quien esperaba que la gestión ordenada por artículo 87, letra d), del Estatuto Administrativo estuviese cumplida (además de encontrarse de buena fe, lo protege la confianza legítima).
Mantener noticias de una causa penal y condena, pero no de la situación procesal actual del condenado, se considera una información parcial, que trasgrede la función social de comunicación del medio y vulnera los derechos de honra y de igualdad de trato del recurrente.
