Resolvió que la compensación no procede respecto de la remuneración que, por su carácter alimentario, es un bien esencial que debe protegerse para asegurar la subsistencia del trabajador, especialmente, cuando éste se ha visto privado de ella por un tiempo prolongado debido a la acción de su empleador.

El artículo 5 de la Ley N° 20.801 establece el Bono de Permanencia para Oficiales de Fila de Nombramiento Supremo y personal de Fila de Nombramiento Institucional, otorgando beneficios económicos tras 20 años de servicios efectivos y derecho a pensión de retiro. La definición de «servicios efectivos» se encuentra definida en el artículo 61 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, que incluye el tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas, definiendo el marco para el cálculo de pensiones y beneficios.

El máximo Tribunal señala que la intención legislativa al establecer la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN fue asegurar que un organismo técnico evalúe la salud del funcionario para determinar su recuperabilidad. En este caso la COMPIN determinó que no procede evaluar la salud de la funcionaria por salud irrecuperable, dado que no cumple con el requisito de 180 días de licencias médicas en un período de dos años, registrando únicamente 54 días autorizados, lo que torna ilegal la decisión de dar por terminado su vínculo estatuario.

La Corte resolvió que, si bien se reconoció la existencia de un contrato previo al acto impugnado, no existe constancia de una comunicación que ponga fin a dicha convención ni acuerdo alguno sobre la modificación del acceso a las dependencias, por lo cual la actuación del sindicato constituye una acción de autotutela proscrita en el ordenamiento jurídico y que vulnera el derecho de la recurrente al goce del local comercial arrendado.

El fallo hace referencia a una moción parlamentaria que pretende establecer el uso obligatorio de mallas de seguridad en departamentos habitados por personas menores de doce años, con el fin de evitar accidentes que pueden tener resultados fatales.

El máximo Tribunal aplicó el artículo 21 de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y determinó que la omisión de antecedentes penales en los certificados solicitados no afecta su permanencia en el registro ni su comunicación a autoridades competentes.

Ordena que tome los resguardos necesarios para garantizar la seguridad del menor, pues la Ley General de Educación obliga a respetar la integridad física y moral de los estudiantes, promoviendo su pleno desarrollo en un ambiente seguro, libre de discriminación y violencia, y establece que los establecimientos educacionales son responsables de asegurar una convivencia respetuosa y de prevenir cualquier forma de maltrato.

La Corte Suprema resolvió que el decreto impugnado aparece desprovisto de razonabilidad, puesto que, la declaración de salud incompatible para el cargo resulta contradictoria con el desempeño laboral del actor por varios meses, antes de que se adoptara la decisión.

El máximo Tribunal resolvió que en este caso prevalece la normativa especial de la Ley N° 18.156, por sobre lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.500.

La Corte Suprema razona que el denominado “derecho al olvido” que invoca el recurrente no está establecido en nuestra legislación, por lo que la decisión de otorgar la cautela jurisdiccional que se invoca debe ser analizada desde la perspectiva de los derechos que se pueden ver afectados, a saber, el de la libertad de información y el derecho a la honra.