De forma unilateral, la recurrida procedió a alterar la situación de hecho existente, sin acudir para ello a las acciones jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico le franquea para el resguardo de sus derechos, lo que entraña un acto de autotutela proscrito por el derecho y, por tanto, constituye un acto ilegal y arbitrario que conculca el derecho de la recurrente al debido proceso, al someterla al dictamen de una comisión especial.

La omisión constatada amenaza de manera arbitraria la garantía de igualdad ante la ley que asiste a las recurrentes, al no observarse un imperativo legal y reglamentario, provocando en la práctica, la negación a las afectadas, de un trato de iguales.

Tuvo en consideración que el recurrente mantuvo una vinculación ininterrumpida con la institución recurrida durante más de cinco años, lo que le otorga protección bajo el principio de confianza legítima, y que su despido no puede justificarse por los argumentos de cierre de una oficina, ya que ello vulnera su derecho a la igualdad ante la ley.

La instalación de obstáculos, como cadenas y un estanque de agua, alteran el statu quo preexistente, lo cual perturba el acceso al predio de los recurrentes y se afecta su derecho al libre tránsito, constituyéndose la recurrida en árbitro de sus propios intereses, al margen del ejercicio de los procedimientos que nuestra legislación contempla para obtener judicialmente el reconocimiento del derecho que invoca.

Se deja sin efecto las resoluciones de rechazo y se ordena a la recurrida que evalúe nuevamente las licencias médicas, y emita una nueva resolución basada en los antecedentes establecidos en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

Señaló que, mientras no se recurra a los procedimientos legales correspondientes y no se disponga lo pertinente por la jurisdicción, no es lícito valerse de vías de hecho para resolver la disputa.

El hecho que la citada medicina no se encuentre considerada en la canasta GES no es un argumento para negar la cobertura respectiva. Los tratamientos considerados no tienen un carácter taxativo y cerrado, toda vez que es preciso considerar la posibilidad de cambios en los tratamientos relacionados con avances del conocimiento científico, en cuyo caso corresponderá la determinación finalmente a los profesionales tratantes, tal como ocurre en este caso.

Resolvió que la desvinculación de los recurrentes no estuvo precedida de un procedimiento adecuado en que se explicaran las razones concretas de su separación. Tampoco se encontró justificación para afectar los derechos de uno de los recurrentes, ya que su vínculo con los hechos solo deriva de su relación de pareja con el otro recurrente. La Corte ordenó su reintegro a la asociación en un plazo de cinco días.

Resolvió que la desvinculación anticipada del recurrente vulneró su derecho a la estabilidad laboral, ya que su contrato adquirió carácter de indefinido por el principio de confianza legítima, debido a su permanencia de quince años en el cargo, lo que generó una expectativa de continuidad en su empleo. Asimismo, concluyó que la resolución que puso término a su contrata es arbitraria e ilegal al no haberse emitido dictamen por parte del fiscal instructor ni haber concluido el sumario administrativo.

Resolvió que se ha impuesto a la actora una exigencia no contemplada en la Ley, vulnerándose así tanto su derecho de igualdad ante la ley y su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, toda vez que la obtención de la patente municipal es un requisito necesario para el ejercicio de su giro, del cual se ha visto impedida, a pesar de cumplir con todos los requerimientos normativos para ello.