Resolvió que la sanción impuesta en las condiciones analizadas, es decir, respecto de conductas cuya acción administrativa se encontraba prescrita, configura una actuación ilegal y conculca la garantía constitucional de la igualdad ante la ley que asiste al interesado, al haber sido gravado con la medida de destitución que no resulta aplicable a otros funcionarios que, puestos en igual posición, han recibido el trato estrictamente determinado por la ley, en obediencia al principio de legalidad que rige la actuación de la Administración.

Existiendo una aparente colisión entre dos garantías constitucionales, la Corte procedió a efectuar un “test de ponderación” y un “test de proporcionalidad” en el caso concreto, y como resultado de estos, concluyó que en el caso no existe un “interés público” en el conocimiento de las circunstancias que rodean la relación que mantienen las partes respecto del hijo común, que justifique que sus particularidades se ventilen públicamente a través de las redes sociales, más aún en los términos abusivos e inapropiados en que se realizó, lo que deriva que en este caso el derecho a la libertad de expresión ceda ante el derecho a la honra del protegido.

Resolvió que el reconocimiento de la filiación se rige actualmente por el artículo 188 del Código Civil, que permite acreditar el vínculo con solo consignar el nombre del progenitor en la inscripción de nacimiento. Este principio debe interpretarse conforme a la igualdad ante la ley y los derechos humanos, evitando exigir formalidades imposibles que perjudiquen derechos sucesorios.

El bloqueo se percibe como una conducta de autotutela frente al cumplimiento de un fallo que no se encuentra ejecutoriado, lo cual impide justificar una alteración del status quo vigente en la forma que se ha hecho y que, en los hechos, impide a la actora ejercer su actividad económica lícita, mientras no se ordene por un órgano jurisdiccional el cumplimiento del citado fallo, y que transgrede las garantías del artículo 19 N°3 y 21 de la Constitución.

La Corte de Santiago consideró que las publicaciones denuestan la imagen de la recurrente, imputándole conductas indebidas y reprochables, y que la correcta ponderación de los derechos involucrados lleva necesariamente a afirmar que corresponde amparar a la afectada, quien en este escenario tiene limitadas posibilidades de defensa y rectificación.

Al poner término a la contrata de manera anticipada sin un fundamento sólido que justifique la decisión, la autoridad actuó de forma arbitraria, configurando una discriminación injustificada hacia la recurrente, en comparación con otros funcionarios cuyas contratas fueron concluidas en base a actos administrativos debidamente fundamentados y respaldados por hechos verificables que demuestran que sus servicios ya no son necesarios.

Resolvió que el aumento injustificado en los cobros afectó el derecho de propiedad del recurrente, ya que la empresa no explicó adecuadamente el consumo de electricidad ni cumplió con las órdenes de recalcular las sumas impuestas. Se ordenó a la empresa cumplir con las directrices de la SEC.

Resolvió que el Banco actuó con desidia en la persecución de la deuda, originada en un crédito de 2011, ya que no tomó medidas ejecutorias efectivas desde 2013 hasta 2024, cuando solicitó el desarchivo del caso tras la interposición del recurso de protección. Además, el débito unilateral de marzo de 2024 se realizó sin notificación previa a la recurrente, vulnerando su derecho a ser informada y a cuestionar la acción.

Resolvió que actuó de manera arbitraria e ilegal al no rectificar un error evidente en la partida de nacimiento de la protegida desde 2003, a pesar de las reiteradas solicitudes y el reconocimiento del error por parte del propio Servicio.

La medida vulnera el derecho de propiedad de la actora y el principio de la confianza legítima generada, tras haber percibido su remuneración durante más de seis años bajo las mismas condiciones.