Resolvió que el acto administrativo del Concejo Municipal carece de motivación adecuada, pues los informes que sustentan la negativa del traslado de la patente no están debidamente fundamentados y tampoco se comprobó su relación con la recurrente.

La sanción de destitución es arbitraria, al no fundamentarse adecuadamente la agravante de una sanción previa de suspensión, que fue clave para aplicar la medida más gravosa. Además, la autoridad administrativa no consideró las circunstancias atenuantes, como las buenas calificaciones del investigado y su cooperación en el proceso, lo que afectó la proporcionalidad de la sanción y se vulneró el principio de igualdad ante la ley.

Resolvió que el corte de suministro eléctrico solo puede aplicarse por no pago de gastos comunes, y no de multas por infracción al Reglamento. Además, dejó sin efecto la multa impuesta al no haberse dado cumplimiento al procedimiento establecido en el Reglamento de Copropiedad.

Consideró que, a pesar de la divergencia entre las partes sobre el cumplimiento del contrato de arrendamiento, la recurrente cuenta con un título que le habilita a usar el inmueble, por lo que cualquier controversia debe resolverse a través del procedimiento legal correspondiente, y el cambio de candados realizado por el arrendador alteró ilegítimamente la situación vigente, constituyendo un acto de autotutela contrario a derecho.

Resolvió que el actuar del servicio recurrido es ilegal al basarse en normas derogadas, como son los artículos 271, 272 y 280 del Código Civil, que regulaban la filiación natural, y no considerar la normativa vigente, en particular, el artículo 188 del mismo cuerpo legal, que establece que la filiación se reconoce por la simple consignación del nombre del progenitor al momento de la inscripción del nacimiento.

Resolvió que la autoridad migratoria no razonó en torno a esta circunstancia, y que la orden de abandono significaría la separación de la madre de su hijo chileno y de su familia, vulnerando la Convención de Derechos del Niño y el principio de unidad familiar.

La Corte constató que la recurrida envió casi 100 correos electrónicos al actor y publicó contenido difamatorio en Instagram, afectando la honra y la integridad psíquica del recurrente.

El fallo hace referencia a una moción parlamentaria que pretende establecer el uso obligatorio de mallas de seguridad en departamentos habitados por personas menores de doce años, con el fin de evitar accidentes que pueden tener resultados fatales.

Se cita jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que el derecho a defensa implica que los sancionados deben tener pleno conocimiento de las normas que regulan su conducta, a fin de ejercer su defensa de manera efectiva, y que ante diferencias significativas en la aplicación de sanciones dentro de una institución, estas deben encontrarse debidamente justificadas para evitar la vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Sostiene que se han excedido los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo que regula el sumario administrativo, y que aunque estos plazos no son fatales, su tramitación debe ser razonable, lo cual no se cumple en el caso.