El Reglamento de Destinaciones de la PDI otorga al Director General la facultad de reasignar personal en cualquier momento por razones de servicio, sin embargo, esta facultad debe ejercerse de conformidad con los principios de igualdad, imparcialidad, y transparencia, garantizando que las decisiones sean justas y fundamentadas.

La Ley N° 21.234 establece que la institución financiera debe recibir y procesar reclamos sobre operaciones no autorizadas realizadas en los 120 días previos al aviso, y cuyo plazo de presentación es de 30 días hábiles a contar desde que el usuario toma conocimiento de dichas operaciones. La institución debe cancelar o restituir los fondos correspondientes dentro de 5 días hábiles para montos iguales o inferiores a 35 UF, y dentro de 7 días adicionales para montos superiores, salvo que pueda probar dolo o culpa grave del usuario.

El artículo 43 de la Ley N°21.325, en cuanto a la vigencia de las cédulas de identidad de extranjeros, dispone en su inciso final: “Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud”.

Destacó la potestad de la Superintendencia y su deber de supervigilancia y control sobre las empresas concesionarias del servicio público, así como las facultades fiscalizadoras que le confiere la ley para cumplir su función pública. Esta responsabilidad también abarca el caso en cuestión, en el que un particular solicita su intervención para aclarar los cobros de su consumo eléctrico domiciliario, lo cual debe resolver usando los medios resolutorios y fiscalizadores disponibles.

Los recurrentes denuncian que tal decisión es arbitraria e ilegal, ya que el paciente no se encontraba hospitalizado al momento del traslado, y además, no se le estaba brindando la atención médica de emergencia adecuada en el hospital, por lo que la causal de exclusión no aplicaría.

La recurrente instó al Ministerio de Salud a arbitrar las acciones necesarias para asegurar una coordinación expedita en el cumplimiento de la sentencia, atendido el grave estado de salud de su representado.

La Corte consideró que la resolución que dispuso la expulsión carece de fundamentación y no explicita los argumentos en que se apoya, a fin establecer si existe o no, la debida proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción impuesta.

El máximo Tribunal destacó el deber de transparencia en la fundamentación de las decisiones de retiro adoptadas en la Fuerza Aérea de Chile. Ordenó a la institución que le comunique al actor los fundamentos pertinentes y relevantes que motivaron su decisión, con el objeto de que éste pueda hacer uso de los recursos administrativos y judiciales que pudieren corresponderle.

El recurrente acusó una grave conculcación al derecho de propiedad, pues el recurrido nunca inscribió el automóvil a su nombre y circuló durante años por diversas autopistas concesionadas sin poseer el dispositivo TAG, lo que devino en deudas por más de 50 millones de pesos a nombre del actor, que debe soportar la presunción de dominio de un bien que no posee por la desidia del recurrido para efectuar las inscripciones respectivas.

La recurrida accionó judicialmente por lo que aceleró el cobro, y debe ajustar su actuar a lo resuelto por la magistratura civil -sin perjuicio de las acciones ordinarias que pueda ejercer-, por lo tanto, el descuento de las cuotas del crédito social desde la remuneración del actor es un acto de autotutela que vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente.