El máximo Tribunal confirmó que los hechos descritos por los recurrentes y las peticiones que se formularon exceden las materias que deben ser conocidas en sede cautelar de emergencia.

A pesar de que el recurrente fundó el recurso en una afectación a su buena imagen y fama, el máximo Tribunal estimó que los hechos expuestos deben examinarse y resolver por la vía idónea al efecto y no en sede de protección.

La recurrente no menciona hechos constitutivos de afectación a derechos fundamentales y, además, la situación descrita se encuentra bajo el amparo del derecho.

El CBR consideró que es necesaria previamente la liquidación de la sociedad conyugal con su exmujer.

El conflicto planteado no puede ser dilucidado mediante una acción de naturaleza cautelar como lo es el recurso de protección.

La Corte consideró que no se mencionaron hechos que afecten garantías constitucionales amparadas por la acción de protección.

Tal decisión se encuentra en el ámbito de competencia del DGMN, en virtud de la Ley 17.798 y del Decreto Reglamentario N°83 del Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

Se trata de un conflicto contractual que debe ser discutido en un procedimiento de lato conocimiento.

No se vislumbran afectaciones a los derechos amparados por el recurso de protección. Tampoco las peticiones de la AFP son susceptibles de ser debatidas en sede proteccional.

Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.