Tal decisión se encuentra en el ámbito de competencia del DGMN, en virtud de la Ley 17.798 y del Decreto Reglamentario N°83 del Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

Se trata de un conflicto contractual que debe ser discutido en un procedimiento de lato conocimiento.

No se vislumbran afectaciones a los derechos amparados por el recurso de protección. Tampoco las peticiones de la AFP son susceptibles de ser debatidas en sede proteccional.

Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.

La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.

Se trata de una controversia que debe ser debatida en un juicio de lato conocimiento cuyas garantías procesales son mayores que las de un procedimiento de naturaleza cautelar como el del recurso de protección.

El actor fundamentó su petición a las empresas en el artículo 24 letra H) de la ley 18.168, el cual regula el principio de neutralidad de la red.

La multa sanitaria impuesta a la ex constituyente se encuentra actualmente bajo el conocimiento del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, tribunal ante el cual la actora puede efectuar alegaciones y peticiones sobre la materia discutida.

En su libelo el recurrente no hace mención a hechos que puedan constituir una afectación a las garantías amparadas por la acción de protección.

La decisión del Tribunal Supremo del partido no puede ser controvertida por la acción de protección que no resulta ser la vía idónea para este debate.