Dada la magnitud del riesgo para la salud pública, se consideró que las medidas impuestas son proporcionales y justificadas, tras haberse detectado infracciones graves en la empresa embotelladora, incluyendo la falta de autorización para alcantarillado y agua potable, la extracción de agua desde pozos en lugar de fuentes autorizadas y la presencia de coliformes fecales en niveles superiores a los permitidos.
La Universidad cuenta con las potestades para sancionar al actor, desde que ha sido la propia ley la que expresamente señala que la institución puede investigar y sancionar los hechos que se desarrollan por personas vinculadas a la Universidad, como ocurre en la especie, desde que los involucrados son estudiantes de la recurrida, ocurran o no en espacios académicos, lo que aparta el argumento entregado en la sentencia recurrida, de que los hechos pertenecen a la vida privada de los alumnos, y porque no puede entenderse que los hechos investigados queden comprendidos sólo dentro del ámbito privado, desde que ello transciende a la comunidad educativa, y, sin lugar a dudas, afecta el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de la recurrida, ya que resiente el bienestar de la misma y cuestiona la formación integral que fomenta.
La elección que hiciera la recurrente de un programa humanista mientras cursaba enseñanza media o la propia rendición de la prueba PAES de invierno con los requisitos vigentes a la época, no le generan un derecho real y concreto que haya ingresado a su patrimonio. Tampoco ostenta un derecho y ni aún una expectativa razonable para ingresar a la carrera de Psicología en la Universidad de Concepción, bajo los requisitos de admisión que ahora pretende mantener para ella; situación que incluso podría significar una afectación al derecho de igualdad de los restantes postulantes a la misma carrera para el periodo académico 2025.
Al reconocer la recurrente que ha incumplido su obligación de pagar los aranceles vigentes y vencidos, obra correctamente la recurrida, sin ilegalidad o arbitrariedad, al remitirle el correo por medio del cual se le recuerda lo señalado en el artículo 106 del Reglamento Académico, notificándosele la imposibilidad de inscribir asignaturas o asistir a clases en la calidad de alumna oyente, por lo que sólo es posible concluir que la actuación de la universidad se ha ajustado a derecho.
El embargo cuestionado, cuyo alzamiento se pretende mediante el presente arbitrio, tiene su origen en una resolución dictada dentro del juicio ejecutivo tramitado para el cobro de una deuda fiscal. En consecuencia, los hechos que sustentan la acción de protección se encuentran plenamente sometidos al imperio del derecho en virtud de un procedimiento ejecutivo que otorga a las partes las garantías necesarias para resolver las controversias en el marco del debido proceso.
La recurrente no cumplió con el requisito de validación de su título profesional para ejercer en la Administración Pública, conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley N°18.834. El Hospital, al advertir tal incumplimiento, procedió a dar término a la contrata, lo que se consideró un actuar conforme al derecho.
La cuestión planteada involucra hechos controvertidos que requieren un análisis detallado de los antecedentes probatorios y la determinación de los eventuales derechos del recurrente, lo cual no corresponde sea resuelto en esta vía cautelar.
Los gastos comunes ordinarios no son fijos, ya que varían mes a mes, especialmente los servicios de suministro y, en este caso, las remuneraciones del personal, que pueden cambiar no solo por una modificación legal del salario mínimo, sino también debido a los días trabajados, las horas extras, entre otras circunstancias. Esta variabilidad de los gastos comunes ordinarios es inherente a su naturaleza y, para solventarlos, se aplica la figura del prorrateo, de acuerdo a la parte que corresponde a cada unidad.
Resolvió que, al existir una vía especial en la Ley N° 19.733 para conocer y resolver el conflicto planteado por el recurrente, la acción constitucional en análisis carece de idoneidad.
Resolvió que la publicación en la red social constituyó un incumplimiento de los deberes del recurrente, al no seguir el conducto regular para dar a conocer lo que se considera como una anomalía al interior del cuerpo de bomberos, y además demostrativo de una actitud inadecuada respecto de la institución y sus autoridades.
Resolvió que las medidas cuestionadas por los recurrentes, tales como la intervención y suspensiones preventivas, son provisionales y cautelares, tomadas en el marco de procedimientos investigativos en desarrollo. Además, no corresponde revisar la validez de los instrumentos regulatorios internos ni la proporcionalidad de las medidas adoptadas dentro de esta instancia cautela.
