Resolvió que, al existir una vía especial en la Ley N° 19.733 para conocer y resolver el conflicto planteado por el recurrente, la acción constitucional en análisis carece de idoneidad.

Resolvió que la publicación en la red social constituyó un incumplimiento de los deberes del recurrente, al no seguir el conducto regular para dar a conocer lo que se considera como una anomalía al interior del cuerpo de bomberos, y además demostrativo de una actitud inadecuada respecto de la institución y sus autoridades.

Resolvió que las medidas cuestionadas por los recurrentes, tales como la intervención y suspensiones preventivas, son provisionales y cautelares, tomadas en el marco de procedimientos investigativos en desarrollo. Además, no corresponde revisar la validez de los instrumentos regulatorios internos ni la proporcionalidad de las medidas adoptadas dentro de esta instancia cautela.

Tuvo en cuenta que la medida cuestionada se adoptó en el seno de la asociación recurrida, por el órgano que los propios asociados han determinado al efecto, en cumplimiento de las reglas que se ha dado la organización en ejercicio de su propia autonomía como órgano intermedio, y a las que voluntariamente han accedido cada uno de los integrantes de la agrupación, y con los resguardos procedimentales establecidos para ello.

El inciso final del artículo 8 de la Ley N° 19.903, dispone: “Una vez inscrita, la resolución que se pronuncie sobre la solicitud no podrá ser modificada, sino en virtud de resolución judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 y 10. El artículo 9 regula las adiciones, supresiones o modificaciones que se hagan al inventario, y el artículo 10, la corrección por el Servicio -de oficio o a petición de parte- de los errores manifiestos que presenten las resoluciones e inscripciones o las solicitudes en relación con los datos de la individualización del causante y sus herederos”.

Resolvió que la resolución impugnada no es arbitraria, ya que los antecedentes, incluidos los informes médicos y el peritaje, fueron debidamente analizados. Determinó que la recurrida actuó conforme a derecho al rechazar las licencias médicas, pues el reposo prescrito no estaba justificado.

Resolvió que la decisión de rechazar las licencias médicas se ajustó a la normativa aplicable, ya que se consideraron antecedentes objetivos, como peritajes médicos, que avalaron la decisión de reintegrar laboralmente a la actora.

Determinó que, si bien en un inicio se detectaron deficiencias en el manejo del guano, la última inspección constató que se corrigió la situación, con un manejo adecuado de los residuos y el cumplimiento de la normativa sanitaria. Además, no se verificaron los otros agravios alegados, como el maltrato animal o la falta de autorizaciones.

Tuvo en cuenta que el ingreso por paso no habilitado constituye una causal de expulsión grave, y que la reclamante evidenció desidia al no regularizar su situación migratoria desde su llegada a Chile en 2022, lo que demuestra un menosprecio por el sistema, al permanecer ilegalmente en el país sin iniciar los trámites pertinentes, y alegar que desarrolla una actividad remunerada, lo cual también realiza al margen de la ley.

La Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, publicada el 20 de abril de 2021, permite a los extranjeros que ingresaron al país antes del 18 de marzo de 2020 y que se encuentran en situación migratoria irregular, solicitar un visado de residencia temporal sin sanciones, siempre que no cuenten con antecedentes penales. La Resolución Exenta N° 1769 complementa esta normativa al especificar que la ausencia de antecedentes penales, tanto en el país de origen como en Chile, es un requisito indispensable para acceder al proceso de regularización establecido en la ley.