Sostuvo que la legislación no contempla la posibilidad de omisión de antecedentes penales en el registro de conductor, quedando supeditada la eliminación de tal registro a la supresión de las anotaciones prontuariales, hipótesis de hecho diversa a la que plantea el recurrente.

Resolvió que la baja del recurrente se adoptó conforme a la normativa vigente, debido a la gravedad de los hechos, al ser detenido por conducir en estado de ebriedad y tras negarse a la prueba de alcoholemia, conducta que constituye una grave infracción las normas disciplinarias. Se consideró que la autoridad actuó de acuerdo con el Reglamento de Disciplina y Selección, y que se constató la evidencia de la falta sin ser necesario que el funcionario confesara su responsabilidad.

El artículo 60 del Decreto 49, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Viviendas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de abril de 2012, señala que: “En razón del subsidio recibido, la vivienda que se construya o adquiera de conformidad a este reglamento, deberá ser habitada personalmente por el beneficiario del subsidio y/o miembros de su núcleo familiar declarado al momento de su postulación, a lo menos durante cinco años contados desde su entrega material”.

El máximo Tribunal resolvió que se cumplió con la obligación legal de evaluar la medida a los cinco años, en cuanto a su eficiencia e implementación, de lo cual concluye que no puede predicarse que la recurrida haya actuado ilegalmente, desde que en el caso de marras nos encontramos frente al cumplimiento de una obligación legal.

Estableció que el recurrido actuó en resguardo tanto de los derechos de su paciente como del personal de salud a su cargo, en el ejercicio de sus potestades legales, al haber adoptado medidas en resguardo de la salud e integridad física y psíquica de su personal pero sin descuidar la obligación legal como prestador institucional del tratamiento de salud necesario de la paciente.

Resolvió que no existe justificación médica para la prolongación del reposo, lo que se respalda por un peritaje y las facultades de fiscalización de la COMPIN.

Tuvo en consideración que la empresa recurrida, atendida la legislación vigente, no está facultada para modificar o alterar en ningún sentido la información remitida por los bancos u otras entidades financieras, limitando su actuar a aquello ordenado por la ley, esto es, proceder a la publicación de las morosidades que dichas instituciones le informan a tal efecto.

Tuvo en cuenta que la medida cuestionada se adoptó en el seno de la asociación recurrida, por el órgano que los propios asociados han determinado al efecto, en cumplimiento de las reglas que se ha dado la organización en ejercicio de su propia autonomía como órgano intermedio, y a las que voluntariamente han accedido cada uno de los integrantes de la agrupación, y con los resguardos procedimentales establecidos para ello.

Tuvo en consideración que la orden de desalojo aún no se ha ejecutado, ya que no se ha notificado a los ocupantes del terreno, conforme al artículo 46 de la Ley 19.880. Por lo tanto, el Decreto Alcaldicio aún no constituye un acto definitivo, y los ocupantes podrán recurrir contra el Decreto, según los artículos 153, 154 y 155 de la Ley N°18.695

Resolvió que la falta de recursos para mantener en buenas condiciones de funcionamiento el ELEAM de la Reina, es el motivo real que obligó a SENAMA a adoptar esta medida.