Resolvió que la recurrida actuó dentro de sus facultades legales, conforme a las normas que regulan el proceso de licitación. En particular, señaló que, según la cláusula 6.4 de las Bases de Licitación, es responsabilidad del oferente asegurar que la oferta sea enviada correctamente a través de la plataforma, lo que no ocurrió en este caso.

Concluyó que el municipio no incurrió en inacción arbitraria o ilegal, ya que acreditó la implementación de medidas para regular el comercio ambulante, incluyendo fiscalización, arriendo de terrenos y proyectos de mejora, lo que excluye una vulneración de derechos fundamentales.

Resolvió que la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Resolvió que la resolución impugnada no es arbitraria, ya que los antecedentes, incluidos los informes médicos y el peritaje, fueron debidamente analizados. Determinó que la recurrida actuó conforme a derecho al rechazar las licencias médicas, pues el reposo prescrito no estaba justificado.

Resolvió que, de acuerdo al artículo 44 de la ley N° 21.442, las controversias sobre la aplicación de reglamentos de copropiedad deben ser resueltas en los Juzgados de Policía Local, ya que exceden el ámbito de un recurso de protección.

Resolvió que la demolición de las ventanas ordenada por el municipio se basó en la infracción a la normativa urbanística, tras la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales previas.

Resolvió que la acción de protección por su naturaleza no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

Consideró que el recurso de protección no es procedente, ya que el procedimiento administrativo no ha finalizado, y la resolución impugnada está pendiente de control por parte de la CGR mediante la Toma de Razón. En consecuencia, al no existir un acto definitivo, no corresponde modificar lo resuelto ni intervenir en el procedimiento administrativo en curso.

La actuación de ENEL, al realizar el cobro de deuda por consumo de energía eléctrica que no fue debidamente facturada, importa una discriminación arbitraria en contra de la actora, en relación con el trato dispensado a otros clientes que pagaron sobre la base del consumo de energía eléctrica, debidamente facturado. La Corte ordenó que se emita una nueva boleta consignando el monto a pagar por consumo efectivo durante los últimos tres meses, considerando debidamente pagados los montos de periodos anteriores.

Resolvió que no es procedente la acción cautelar, ya que la autoridad administrativa actuó dentro de sus facultades legales al poner término anticipado al contrato de la actora. Además, desestimó el alegato sobre el fuero maternal y la confianza legítima, ya que la recurrente no poseía un derecho indubitado para permanecer en su cargo, sino una mera expectativa.