Resolvió que no es procedente la acción cautelar, ya que la autoridad administrativa actuó dentro de sus facultades legales al poner término anticipado al contrato de la actora. Además, desestimó el alegato sobre el fuero maternal y la confianza legítima, ya que la recurrente no poseía un derecho indubitado para permanecer en su cargo, sino una mera expectativa.

Consideró que no existe legalidad ni arbitrariedad en la actuación impugnada, ya que la exigencia de que la solicitante acredite medios económicos para su permanencia en el país se ajusta a lo dispuesto por la normativa migratoria, por lo que el acto no configuró una vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

El artículo 127 N°4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros dispone que la autoridad tiene la facultad de dar de baja inmediata a un funcionario cuando la falta que origine un sumario administrativo sea de tal gravedad que haga inconveniente su permanencia en la institución, siempre que se confiese su responsabilidad o esta sea evidente. Se establece que dicha medida tiene carácter condicional, quedando sujeta al resultado del sumario administrativo, lo que podría permitir el reintegro del afectado.

Resolvió que la controversia sobre el corte de suministros por morosidad debe ser resuelta ante el Juzgado de Policía Local, no a través de un recurso de protección, ya que no se trata de una vulneración de derechos preexistentes e indubitados, sino de un conflicto sobre el cumplimiento de las exigencias formales respecto de la procedencia del corte, lo cual debe ser discutido en un procedimiento adecuado.

Resolvió que las diferencias sobre una deuda pendiente de consumo de agua potable que afecta al departamento que arrienda la recurrente en la comunidad deben ser dilucidadas en un procedimiento de lato conocimiento y no en sede cautelar.

El artículo 38 de la Ley N°18.216 obliga al organismo a mantener el registro de estas anotaciones para incluirlas en los certificados de ingreso a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y Gendarmería, así como para informarlas a los Tribunales penales, por lo que no pueden ser eliminadas por esta vía.

Resolvió que el recurrente exhibió una conducta agresiva durante un partido de fútbol, al lanzar un objeto y vociferar contra hinchas rivales, lo que provocó el reproche social, especialmente ante la presencia de un niño afectado. Indicó que los medios de comunicación ejercieron su derecho a informar al difundir el video de los hechos, concluyendo que la libertad de prensa prevalece sobre el derecho a la honra del actor, quien, al actuar en forma pública y violenta, no puede exigir el silencio de los medios.

La Corte concluyó que, al haberse cesado la medida impugnada y no existir vulneración actual de derechos constitucionales, el recurso de protección carece de oportunidad y no puede prosperar.

Resolvió que el Ministerio Público y el Fiscal Adjunto actuaron dentro de sus atribuciones en una investigación criminal, al privar del uso y goce del automóvil al recurrente, considerando que la propiedad del vehículo se encuentra en duda y es objeto de la investigación en cuya virtud se adoptó la medida.

Resolvió que la legalidad del acto administrativo está respaldada por el artículo 10 N°3 del DL N° 2460 y el artículo 39 de la Orden General N° 2675, que otorgan al Director General de la Policía de Investigaciones la facultad de distribuir al personal. En este caso, se justificó la decisión debido a la baja demanda en la región donde trabajaba el actor, frente a la creciente necesidad en Santiago.