Señaló que el recurso de protección no debe ser utilizado como un medio para sustituir otros mecanismos legales establecidos para resolver conflictos, y que la Ley N°18.695 contempla un procedimiento especial de reclamación contra actos municipales, siendo esta la vía idónea para abordar las disputas relacionadas con la patente de alcoholes.

Resolvió que, habiéndose agotado todos los recursos administrativos que prevé la ley por parte del recurrente, por la vía cautelar se pretendió crear una nueva instancia judicial, lo que a todas luces es improcedente.

Resolvió que un examen sobre la corrección y adecuación a la lex artis médica de lo obrado por los facultativos que atendieron a la recurrida, excede con holgura lo que permite el procedimiento previsto para la acción de protección, que corresponde a un procedimiento sumarísimo que carece de una etapa de prueba.

Se constató que la recurrente infringió la normativa del reglamento de copropiedad del edificio, que exige notificar con 48 horas de antelación a la conserjería sobre cualquier mudanza, para coordinar la protección del ascensor el día de la mudanza y evitar daños a las instalaciones.

Además, la difusión de afirmaciones de esa índole puede dar lugar al ejercicio de acciones penales, por lo que son otros los mecanismos o vías establecidas en la ley para sancionar tales conductas.

En razón de deuda que mantiene el municipio con la extinta CORMUCENA lo que descarta vulneración a derechos fundamentales Tuvo en consideración además, que el recurso de protección es procedente solo cuando se afecta la libre elección entre sistemas de salud públicos y privados, y en el caso sub lite la controversia se limita a la interrupción temporal de un convenio administrativo, lo que no constituye una violación directa del derecho a la protección de la salud.

El fallo reconoce la autonomía universitaria para definir y gestionar sus proyectos académicos, económicos y administrativos, reafirmando su libertad académica.

Se desestimó la acción cautelar deducida por la ex ministra María Luisa Brahm, que intentó revertir las sanciones impuestas por el ex ministro Iván Aróstica en una investigación sumaria por acoso laboral. La Corte indicó que la garantía de inamovilidad de los ministros del Tribuna no es óbice para incumplir con su responsabilidad disciplinaria.

La sanción disciplinaria impuesta por la Federación Nacional de Taekwondo en contra del recurrido -por una denuncia por presuntos actos de connotación sexual en contra de una deportista-, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, y se ajusta a la normativa interna de la Federación en estos casos para evitar exponer al riesgo tanto a la víctima como al denunciado.

El recurrente intentó impugnar un decreto alcaldicio que invalidó su nombramiento como arquitecto de planta en la Municipalidad de Navidad, en circunstancias que el artículo 53 de la Ley Nº19.880 prevé un mecanismo de impugnación ante la justicia ordinaria para reclamar la legalidad del acto recurrido.