La sentencia por la cual se expulsó a la actora no se encuentra actualmente firme, pues se impugnó vía recurso de apelación (mecanismo recursivo regulado en el Reglamento del Colegio profesional). Además, de no verificarse arbitrariedades, ilegalidades o conculcaciones de derechos fundamentales en el procedimiento disciplinario.

No hay ilegalidad o un actuar caprichoso en la investigación periodística sobre un acontecimiento de trascendencia pública, pues este ejercicio se encuentra amparado por la libertad de prensa y la libertad de informar sin censura previa.

Al aprobarse el “Anteproyecto de Norma de Emisión de Radiación Electromagnética Asociada a Equipos y Redes de Transmisión de Servicios de Telecomunicaciones” la supuesta omisión ilegal y/o arbitraria denunciada ha desaparecido.

Además, tampoco se logró comprobar que los productos químicos afectaron la salud de los hijos del recurrente.

Tal decisión la hace inhábil para participar y formar parte de la Directiva de la Administración. Lo anterior, pues se certificó en sede cautelar la existencia de la deuda.

Los profesores deben reclamar la falta de pago completo de sus sueldos ante las Inspecciones del Trabajo y Tribunales especializados en materias laborales. No obstante, la Corte Suprema rechazó el recurso por perder oportunidad al acreditar la Corporación el pago del saldo adeudado.

La apreciación personal de una persona de la existencia de un acontecimiento discriminatorio por identidad de género no tiene el carácter de difamatorio. Por su parte, la recurrente cuenta con otras herramientas jurídicas en contra de la publicación.

El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.

La interpretación contractual debe ser debatida en un procedimiento de lato conocimiento. Lo mismo para establecer si el fallecimiento se provocó por su imprudencia al ingresar a una zona prohibida y por la ingesta de sustancias ilícitas.

Se limitó a dar cuenta de la existencia de un sumario administrativo seguido contra el recurrente, procedimiento público de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 16 de la Ley 19.880. Existe un interés público comprometido.