Resolvió que se ha impuesto a la actora una exigencia no contemplada en la Ley, vulnerándose así tanto su derecho de igualdad ante la ley y su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, toda vez que la obtención de la patente municipal es un requisito necesario para el ejercicio de su giro, del cual se ha visto impedida, a pesar de cumplir con todos los requerimientos normativos para ello.

El máximo Tribunal resolvió que se cumplió con la obligación legal de evaluar la medida a los cinco años, en cuanto a su eficiencia e implementación, de lo cual concluye que no puede predicarse que la recurrida haya actuado ilegalmente, desde que en el caso de marras nos encontramos frente al cumplimiento de una obligación legal.

Resolvió que la sanción impuesta en las condiciones analizadas, es decir, respecto de conductas cuya acción administrativa se encontraba prescrita, configura una actuación ilegal y conculca la garantía constitucional de la igualdad ante la ley que asiste al interesado, al haber sido gravado con la medida de destitución que no resulta aplicable a otros funcionarios que, puestos en igual posición, han recibido el trato estrictamente determinado por la ley, en obediencia al principio de legalidad que rige la actuación de la Administración.

Estableció que el recurrido actuó en resguardo tanto de los derechos de su paciente como del personal de salud a su cargo, en el ejercicio de sus potestades legales, al haber adoptado medidas en resguardo de la salud e integridad física y psíquica de su personal pero sin descuidar la obligación legal como prestador institucional del tratamiento de salud necesario de la paciente.

Existiendo una aparente colisión entre dos garantías constitucionales, la Corte procedió a efectuar un “test de ponderación” y un “test de proporcionalidad” en el caso concreto, y como resultado de estos, concluyó que en el caso no existe un “interés público” en el conocimiento de las circunstancias que rodean la relación que mantienen las partes respecto del hijo común, que justifique que sus particularidades se ventilen públicamente a través de las redes sociales, más aún en los términos abusivos e inapropiados en que se realizó, lo que deriva que en este caso el derecho a la libertad de expresión ceda ante el derecho a la honra del protegido.

Resolvió que el reconocimiento de la filiación se rige actualmente por el artículo 188 del Código Civil, que permite acreditar el vínculo con solo consignar el nombre del progenitor en la inscripción de nacimiento. Este principio debe interpretarse conforme a la igualdad ante la ley y los derechos humanos, evitando exigir formalidades imposibles que perjudiquen derechos sucesorios.

El bloqueo se percibe como una conducta de autotutela frente al cumplimiento de un fallo que no se encuentra ejecutoriado, lo cual impide justificar una alteración del status quo vigente en la forma que se ha hecho y que, en los hechos, impide a la actora ejercer su actividad económica lícita, mientras no se ordene por un órgano jurisdiccional el cumplimiento del citado fallo, y que transgrede las garantías del artículo 19 N°3 y 21 de la Constitución.

Resolvió que no existe justificación médica para la prolongación del reposo, lo que se respalda por un peritaje y las facultades de fiscalización de la COMPIN.

Tuvo en consideración que la empresa recurrida, atendida la legislación vigente, no está facultada para modificar o alterar en ningún sentido la información remitida por los bancos u otras entidades financieras, limitando su actuar a aquello ordenado por la ley, esto es, proceder a la publicación de las morosidades que dichas instituciones le informan a tal efecto.

Resolvió que las medidas cuestionadas por los recurrentes, tales como la intervención y suspensiones preventivas, son provisionales y cautelares, tomadas en el marco de procedimientos investigativos en desarrollo. Además, no corresponde revisar la validez de los instrumentos regulatorios internos ni la proporcionalidad de las medidas adoptadas dentro de esta instancia cautela.