No ha sido el mero capricho de la autoridad policial la que la ha llevado a adoptar la referida decisión, sino el hecho de haberse detectado cannabiodes (THC) en el examen de orina del funcionario, por lo que la autoridad llamada a pronunciarse sobre la falta cometida por el actor, ha actuado dentro del ámbito de sus competencias.

Respecto de la existencia de eventuales ilícitos que se cometerían en la Plaza Copiapó, ningún reproche puede imputársele a la recurrida desde que la función de investigación y persecución de ellos, según lo dispone la Constitución, se ha otorgado en forma exclusiva y excluyente al Ministerio Público.

La actuación de las recurridas Gobierno Regional de Antofagasta y Seremi de Bienes Nacionales de la Región, encuentra sustento legal, no apreciándose en los hechos denunciados infracción a las garantías constitucionales, por cuanto no se ha acreditado que los recurrentes tengan efectivamente algún derecho sobre el inmueble que se encuentran ocupando, máxime considerando que aquel se encuentra en estado de abandono.

En un bien nacional de uso público se ha dispuesto una denominada “Estación de Transferencia Transitoria”, según informó la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio, establecida como medida ante los eventos hidrometeorológicos que azotaron al país, que almacena los neumáticos a fin de evitar que éstos obstaculicen las rejillas de los sumideros y causen anegaciones en viviendas de la comuna.

En primer lugar, el reportaje contiene información personal y familiar que excede manifiestamente el interés público en los hechos informados, incluyendo detalles sobre relaciones familiares, situación matrimonial y patrimonial que no guardan relación directa con los hechos que justificaron la cobertura periodística. En segundo término, presenta de manera tendenciosa una causa sobreseída como antecedente de reiteración delictual, generando una asociación inductiva que fue expresamente desestimada por los tribunales de justicia.

El artículo 3º del Reglamento de Copropiedad prohíbe expresamente “instalar cocinas o cocinar alimentos de ninguna especie en los locales comerciales del edificio, los que únicamente podrán vender o distribuir alimentos previamente preparados”. Así, queda en evidencia que la sociedad recurrente ha incurrido y persistido en el incumplimiento de la normativa transcrita.

La Superintendencia del Medio Ambiente deberá resolver el sumario administrativo iniciado en contra de la recurrida dentro del plazo de 90 días, disponiendo las medidas que sean necesarias para resguardar la salud de la población y el medio ambiente.

El acto reclamado por esta vía, -que decretó el retiro temporal de un funcionario de Gendarmería de Chile-, está supeditado al resultado de una investigación penal incoada en su contra, por los delitos de Tráfico de Armas, Asociación Criminal, Cohecho y Lavado de Activos, que se sigue ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, actualmente en tramitación, sin perjuicio de lo que se disponga una vez finalizada la indagación criminal.

La recurrida se encuentra incumpliendo la normativa que regula su actividad económica al haber instalado y operando una antena de telefonía móvil, previo a dar cumplimiento a las normas de protección de los derechos de las comunidades indígenas en el sector.

Se ordenó a la recurrida abstenerse de intervenir de cualquier forma en el camino de acceso a la propiedad del actor y retirar de inmediato los cercos de zinc y estacas de fierro, en la parte en donde se encuentra el portón de entrada a la propiedad del recurrente en el deslinde Norte.