La Corte Suprema tuvo en consideración que la recurrente no controvirtió el hecho que el inmueble objeto de la inhabilidad no cuenta con permiso de edificación, habiendo reconocido, incluso, que por la misma razón fue objeto de fiscalización y posterior sanción por el Juzgado de Policía Local, por lo cual, en ausencia de un comportamiento antijurídico de la recurrida, desestimó la acción de protección.

La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó el reintegro de más de $8 millones percibidos indebidamente por un médico del Hospital Regional de Copiapó, al haber postulado sin declarar inhabilidad manifiesta.

Resolvió que el decreto de demolición se basa en el certificado de informaciones previas emitido por la recurrida con anterioridad a que la recurrente adquiriera su terreno, por lo que resulta evidente que fue ella quien debió obtener la información necesaria para conocer el uso del terreno y las limitaciones que pudiese tener, antes de adquirirlo y construir sobre él, lo cual no hizo.

Tuvo en consideración que, dado que el paciente fue trasladado al domicilio de su hermana el 7 de octubre de 2024, no se configuró un acto arbitrario o ilegal que justifique la protección constitucional solicitada, perdiendo así oportunidad la acción.

Se deja sin efecto las resoluciones de rechazo y se ordena a la recurrida que evalúe nuevamente las licencias médicas, y emita una nueva resolución basada en los antecedentes establecidos en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

Sostuvo que no se produjo vulneración de derechos fundamentales, ya que los usuarios actuaron de manera voluntaria, y prestaron su consentimiento explícito para que su iris fuera escaneado a cambio de criptomonedas.

La Corte razona que el acto no vulnera derechos de propiedad ni generó perjuicios inmediatos a los intereses del recurrente, y que las restricciones impuestas son necesarias para preservar el patrimonio cultural y están dentro de la función social de la propiedad.

Sostuvo que la convivencia en sociedad tiene consecuencias favorables y también algunas que pueden resultar desfavorables. Entre ellas, que se edifique en el predio colindante un inmueble que cumpla con las exigencias legales y reglamentarias. Determinó que la edificación del centro deportivo y la autorización municipal para ejecutar dicha obra no vulneraron los derechos fundamentales de los recurrentes.

Resolvió que el Banco recurrido no se encuentra autorizado para disponer el envío de los antecedentes del actor a la base de datos del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, precisamente porque la conducta del recurrente, está siendo revisada ante en un Tribunal y en un procedimiento previsto al efecto, que busca determinar sí obró o no con dolo o culpa.

El actor sostiene que a pesar del largo tiempo que lleva en espera, y de que el hospital ha realizado exitosas intervenciones tanto a nivel nacional como internacional, su cirugía nunca se ha llevado a cabo. Añade que la cirugía, conocida por sus beneficios en la mejora de la movilidad y la reducción de síntomas como la rigidez y los temblores, sigue siendo la única opción para mitigar el impacto de la enfermedad.