La gestión en que incide el requerimiento no se encuentra pendiente de modo que una eventual sentencia que declare la inaplicabilidad no podrá surtir efecto en dicha gestión.

Si bien esta acción es especial, ello no significa que el denunciante para franquear el examen de admisibilidad deba acreditar cada uno de los hechos que considera vulneratorios, por ende, el tribunal incurre en falta o abuso grave al razonar sobre la prueba en una etapa que no es la probatoria.

No se puede negar la tramitación de una demanda por el hecho de no recurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, en razón de la cuantía de lo pedido.

Uno de los ministros que rechazó el recurso, era al mismo tiempo el presidente del Tribunal Electoral de la región, órgano que destituyó al edil por los mismos hechos que posteriormente sirvieron a la justicia para condenarlo por malversación de recursos públicos, por lo que se encontraba legalmente implicado y no se abstuvo de participar en la vista de la causa, hecho que vulneró la garantía procesal del tribunal imparcial.

La Ley N°20.720 no contempló al recurso de apelación como vía para impugnar la decisión que niega lugar a una solicitud de liquidación voluntaria, por lo que es factible impugnar tal resolución mediante el recurso de queja atendida la naturaleza especial de esta acción, y en la especie, no privar al fallido de su derecho de acceso a la justicia.

La naturaleza disciplinaria de tal acción impide que pueda ser renunciada en sede arbitral, debido a que las partes renuncian únicamente a las acciones jurisdiccionales.

El requirente alega que la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya Sala Tramitadora era la recurrida de queja, emitió tardíamente dicho certificado, lo que generó la inadmisibilidad del recurso por parte de la Corte Suprema.

Según los artículos 231 y 238 del Código de Procedimiento Civil, en relación al numeral 15 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, las Cortes de Apelaciones tienen las mismas atribuciones que los tribunales ordinarios para conocer la solicitud de cumplimiento incidental respecto de alguna de sus sentencias.

El trabajador posee un derecho de opción para acudir al tribunal mediante el procedimiento de aplicación general si no desea concurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 498 del Código del Trabajo, resuelve el máximo Tribunal.

La empresa reclamó en contra de la resolución administrativa referida a la calificación de servicios mínimos de su personal en huelga legal. El tribunal de primera instancia se declaró incompetente, hecho ratificado en alzada, privando a la recurrente de su derecho a acudir a la judicatura para obtener una solución al litigio.