El tribunal adoptó las medidas pertinentes para no dejar en la indefensión al demandado al disponer de medios y facilidades para dar cumplimiento a lo ordenado e informándolos oportunamente.
El requirente estima que se afecta su garantía al debido proceso, pues no puede defenderse de una sentencia que considera abusiva y atentatoria de derechos.
Más de 3 mil alumnos serían afectados con la clausura.
Se alegó que la sentencia era arbitraria ya que el tribunal se limitó a reiterar las conclusiones del juez del grado sin ponderar razonablemente las pruebas aportadas, siendo además el monto indemnizatorio antojadizo e infundado.
Si bien el tribunal de base se encuentra obligado a pronunciarse respecto de la caducidad de la acción al proveer la demanda, ello sólo es procedente en la medida que de los datos aportados en la demanda se desprendiere claramente, circunstancia que no se cumple en este caso.
Una interpretación contraria implica una vulneración de los principios básicos que gobiernan un Estado de derecho.
Anuló la sentencia que dejó sin efecto la resolución de liquidación dictada contra la empresa, pues contrario a lo sostenido por el tribunal de alzada, no concurre en la litispendencia, ya que la acción ejecutiva de cobro y la solicitud de liquidación forzosa de la Ley N° 20.720 no comparten objeto pedido.
Al acoger excepción de pago opuesta por la reclamada en audiencia preparatoria se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la actora.
Además, fundó la decisión en lo dispuesto en el artículo 117 N°2 de la Ley N°20.720.
El máximo Tribunal consideró que hubo falta o abuso al determinar que los juzgados laborales son incompetentes para conocer la materia.
