El recurrente buscaba revertir el sobreseimiento definitivo confirmado por los ministros de la Corte de Arica, a consecuencia de su inasistencia a una de las audiencias de la causa. No obstante, el máximo Tribunal estimó que la mera disconformidad con la forma en que los jueces interpretan el artículo 402 del Código Adjetivo, no puede ser óbice para deducir una queja.

El emplazamiento administrativo es un acto formal que notifica a una persona sobre el proceso en su contra, otorgándole un plazo para comparecer ante la autoridad y hacer valer sus derechos, siendo un trámite esencial que, si se omite o realiza defectuosamente, puede dar lugar a la nulidad de lo obrado por transgresión del debido proceso.

Determinó que las críticas de la recurrente sobre la valoración de la prueba no constituyen faltas graves en la actuación judicial, y que este recurso no es un medio para revisar pruebas en una segunda instancia, sino para sancionar errores manifiestos en el ejercicio de la función judicial.

En atención al artículo 51 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial, el plazo se cuenta desde el momento de inscripción de la patente, y no desde la notificación de la sentencia del INAPI, por lo que los jueces del TPI debieron dar lugar a la protección y no declararla inadmisible, como ocurrió en la especie. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.

La magistratura se limitó a argumentar en torno al conflicto sometido a su consideración, arribando a conclusiones jurídicas que se enmarcan dentro de criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción.

Resolvió que el Presidente de la República no es sujeto pasivo de la Ley de Lobby, lo que significa que no está obligado a llevar una «agenda» según lo dispuesto en dicha ley, lo que justifica que la solicitud de información sobre «las solicitudes de audiencia» del Presidente no pueda prosperar.

Raúl Escobar fue uno de los partícipes del ataque que terminó con la vida del ex senador en 1991, y el máximo Tribunal desestimó que la acción penal se encontrara prescrita -como pretendió el acusado-, al considerar que los plazos se cuentan doblemente cuando el encartado escapa del país, como ocurrió en la especie.

La Corte Suprema razona que la vista de la causa es un trámite del todo completo, de manera que al no existir constancia del respeto de las formas establecidas en una de aquellas gestiones que son presupuesto de la dictación de la sentencia de segundo grado, sólo es posible concluir que ella ha sido expedida al margen del procedimiento establecido en la ley, por lo que procede que se realice una nueva vista de los antecedentes.

La parte querellante dedujo el arbitrio contra los ministros de la Corte de Temuco, que confirmaron el fallo de base que hizo lugar al sobreseimiento definitivo de dos imputadas, no obstante, la disconformidad con el resultado de la sentencia no es óbice para sustentar la acción impetrada.

El demandante efectuó las actuaciones procesales pertinentes para obtener la exhibición de los documentos necesarios para fundamentar la demanda, interrumpiendo el plazo de prescripción contemplado en el artículo 510 del Estatuto Laboral.