El Ministerio Público concluyó que no existe delito de estafa en el retiro de fondos previsionales propios, si éstos son depositados por la AFP en la cuenta dos -en vez de la cuenta de capitalización individual-, debido a que el dinero retirado es patrimonio del querellado al ser parte de sus ahorros previsionales, por ende, no hay delito de estafa y la causa debe ser sobreseída definitivamente.

El quejoso pretendía que se le otorgara la pena sustitutiva de libertad vigilada, argumentando que el tribunal consideró condenas previas como adolescente para agravar su castigo, en circunstancias que, ponderados los antecedentes por la magistratura, el acusado tenía un amplio prontuario como adulto – y no sólo como adolescente, por lo que se le podía considerar reincidente.

El máximo Tribunal sostuvo que la entidad bancaria incumplió con su deber de seguridad, al permitir giros a nuevas cuentas por un monto mayor al mínimo, y no fiscalizar que dichas operaciones eran indiciarias de fraude al no corresponderse con la conducta financiera habitual en el cliente, infringiendo de esta forma el artículo 23 de la Ley del Consumidor.

La oralidad es el principio básico y fundamental en materia procesal laboral, salvo las excepciones contempladas en la legislación. De otra parte, interpretando el derecho constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y garantista, cualquier limitación por vía de interpretación que obste al derecho a la tutela judicial y al ejercicio de la acción y su extensión por vía recursiva, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que requiere para ser aceptada como admisible.

No se acreditó la existencia de algún trámite o gestión previa que permitiera entender suspendido el término respectivo o de otra circunstancia que justificara la inacción del actor.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de queja, pero actuando de oficio dio lugar a la solicitud de suspensión del procedimiento por acuerdo alcanzado por las partes en una causa civil que fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a defensa, y el derecho a la tutela judicial efectiva, desde que, a pesar de que en otros procedimientos sí se puede apelar, se excluye en este caso el derecho a revisión integral, por lo que, con ocasión de un absurdo jurídico, el precepto impugnado no hace más que discriminar procesalmente y, en consecuencia, generar un agravio.

El máximo Tribunal hizo eco de las recomendaciones de la OIT, para resolver que la magistratura laboral no puede declararse incompetente para conocer un reclamo respecto de una resolución emitida por un órgano administrativo, si aquella dice directa relación con la libertad sindical y el derecho de huelga, pues en caso contrario, negaría a la reclamante el derecho a llevar ante la justicia un litigio con la administración.

La Sala arribó a la conclusión de que concurre la causal de inadmisibilidad del requerimiento de que el precepto impugnado no es de aplicación decisiva en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada. El requirente alegó que infringe la igualdad ante la ley, el derecho al recurso e impide impugnar la resolución que falla un incidente de corrección procesal.

El trabajador acusó que la magistratura de base declaró la caducidad de las acciones de tutela y despido injustificado, por ser presentadas con posterioridad al plazo de 60 días establecido en la ley laboral, decisión confirmada por los jueces de fondo; no obstante, el máximo Tribunal estimó que dicho plazo fue interrumpido con la medida preparatoria de exhibición de documentos interpuesta por el actor y ordenó continuar con la tramitación de la demanda ante juez no inhabilitado.