Consideró que la expulsión del extranjero se encuentra debidamente fundamentada en la Ley de Migraciones, ya que ingresó irregularmente al país. Tuvo en cuenta que el reclamante no acreditó la persecución alegada en razón de su orientación sexual ni tampoco presentó una solicitud de refugio, y que el arraigo laboral invocado fue posterior a la resolución de expulsión.
La Primera Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora.
La Sexta Sala del tribunal de alzada consideró que se debe mantener reserva de la información al tratarse de un acuerdo entre dos particulares.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada estableció la arbitrariedad de la sanción al estar justificada la instalación del dispositivo como parte del protocolo de seguridad del recinto educacional, los que incluso no fueron activados, por lo que no se habría afectado los derechos y garantías fundamentales de los alumnos.
La requirente sostiene que ve limitada su actividad económica por la ineficiencia de la DGA que no se pronuncia sobre el cambio de punto de captación, infringiendo sus garantías a la igualdad repartición de las cargas públicas y libertad económica.
La magistradaescartó infracción de la autoridad fiscalizadora al aplicar la sanción a Enel por no dar cumplimiento al contrato colectivo suscrito con el sindicato de profesionales universitarios de la empresa.
El Tribunal de alzada descartó arbitrariedad en la decisión de la autoridad y que la multa aplicada sea desproporcionada.
El Tribunal de alzada consideró que no se encuentra justificada la multa, ya que el sancionado permaneció en la isla a raíz de la pandemia de Covid 19.
El actor señaló que la omisión de visitas se debió a ser contacto estrecho por COVID y a que se tomó vacaciones; razones que fueron calificadas, tanto por la Defensoría Penal Pública como por la Corte como insuficientes para exonerarlo de responsabilidad.
El actor alegó que la revocación de la adjudicación carecía de validez, toda vez que el artículo 61, letra a), de la Ley N° 19.880 impedía dejar sin efecto aquellos actos creadores de derechos.
La actora quedó tercera en el proceso licitatorio, de manera que, declarando inadmisibles las dos ofertas aludidas, quedaría en posición de adjudicarse la concesión del servicio de mantención de áreas verdes en la comuna de San Bernardo.
